“Al Pacífico le llegarán recursos del BID”, ministro de Medio Ambiente

El ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, expresó que las comunidades de Buenaventura y Chocó pueden estar tranquilas porque el Gobierno Nacional va a cumplir los acuerdos que se pactaron en esas regiones.

“No se puede justificar la brecha que existe entre el Pacífico y el resto del país”, dijo.

En diálogo con Colprensa también habló de la hoja de ruta del país frente al cambio climático y de cara a los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas.

¿Cómo ve la situación de Chocó y Buenaventura donde usted representó al Gobierno?
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Hay que reconocer que este es el Gobierno que más ha avanzado en temas del Pacífico, creó la estrategia ‘Todos Somos Pazcífico, la única región a la que se le creó un fondo autónomo que opera para traer recursos del BID.

En Buenaventura nos enfocamos en la seguridad, tenía una tasa de homicidios superior a 70 por 100.000 habitantes hace unos años. Hoy la tasa es muy inferior a la de Medellín o a la de Bogotá.

Se amplió el puente El Piñal, se sacó adelante el bulevar, que cambió la dinámica económica, se aseguró la financiación de la solución para el acueducto que no se tenía antes, en esta semana se entregará la planta de Venecia, la planta Escalerete y los puentes que se están haciendo.

Son inversiones importantes, aunque la deuda histórica con estos territorios es muy grande.

Esto también puede ser el costo del éxito, la gente quiere asegurar buenos acuerdos en el Gobierno, los líderes de las movilizaciones aclaraban que esto no es contra el presidente Santos, ya que lo han apoyado en el proceso de paz y en la reelección.

¿Estas comunidades cómo pueden estar seguras de que el Gobierno les va a cumplir?
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El país no tiene otra opción sino cumplirles. No se puede justificar la brecha que existe entre el Pacífico y el resto del país.

¿Cómo ve las consultas mineras?
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Antes se enrarecía la participación popular porque estábamos en un conflicto armado, hoy no. Los debates que se han dado han estado muy politizados y el debate debe darse en torno a la evidencia y darle los elementos a las comunidades para que tomen decisiones.

Nadie quiere que haya explotación en su región, pero ningún país se ha desarrollado sin usar de manera sostenible sus recursos.

¿La consulta de Cajamarca es como un Brexit pequeño?
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(Risas) Sí, es un Brexit ‘chiquito’. Nosotros tenemos una responsabilidad con la comunidad, con el país, la comunidad internacional y la humanidad de preservar nuestro patrimonio natural, pero en equilibrio con el crecimiento económico, que sea un crecimiento verde.

También hay un tema de equidad, la Ley General de Regalías que se modificó tuvo un impacto positivo, pero hay que seguir trabajando.

¿En qué consiste el análisis de vulnerabilidad al cambio climático que presentó el Ideam?
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Es un buen instrumento para tomar desde ya decisiones sobre adaptación al cambio climático y de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Ese diagnóstico es muy importante para tomar decisiones de mediano y de largo plazos, no solamente públicas sino también privadas.

Con el Ideam, la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres y el Fondo de Adaptación vamos a hacer recorridos por el país para presentar estos documentos y vamos a entrenar a algunos funcionarios públicos para que puedan usarlos. También vamos a tener este tipo de conversaciones con el sector privado.

¿En qué consiste la Política Nacional de Cambio Climático?
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Ya lanzamos la Política Nacional de Cambio Climático con todas las medidas de mitigación, nosotros hicimos un compromiso en el marco del tratado de París de disminuir nuestras emisiones de dióxido de carbono en 20 % para el año 2020 y en 30 % si tenemos cooperación internacional.

Sectores como el de transporte, minas y energía, agropecuario y vivienda tienen planes de adaptación, están trabajando en su implementación. Así mismo, tenemos cubierto gran parte del territorio nacional con planes territoriales de cambio climático, planes departamentales y municipales.

¿Cuál es la meta para la reducción de emisiones de dióxido de carbono?

La visión es que en 2050 tengamos un país con muy bajas emisiones de carbono o de carbono neutral o cero carbono, el propósito es desligar el crecimiento económico de las emisiones de gases.

Esta meta de emisiones se hizo con un estudio de la Universidad de Los Andes que calcula la disminución de cada tonelada de emisiones entre 5 y 15 dólares en términos de adaptación.

¿Cuáles son las estrategias para cumplir estas metas?
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Hay varias estrategias, pero una de ellas tiene que ver con mantener nuestros ecosistemas en buen estado y allí hemos pasado de 13 millones de hectáreas protegidas en 2010 a más de 24,6 millones de hectáreas.

El objetivo es llegar a 26 millones de hectáreas protegidas.
Este año vamos a cumplir la meta pactada con la comunidad internacional de tener 10 % de área marítima como territorio de reserva.

El 45 % de nuestro territorio es marino, estamos en un 9 % y con la expansión de Malpelo y Gorgona lograremos esta meta. Adicionalmente, como decisión propia, queremos llegar al 13 % para el año 2020.

¿Cómo se financiarán los proyectos de adaptación al cambio climático?
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Estamos desarrollando instrumentos financieros: el primero, el impuesto al carbono con el que se recaudan $1,2 billones que van a pasar al Fondo Colombia Sostenible, con el que se financiarán proyectos de adaptación al cambio climático.

Ese fondo va a tener recursos adicionales de US$100 millones con un crédito que va asumir la Nación y US$500 millones más que el BID proyecta recaudar en donaciones.

Además, generamos incentivos que llegarán a casi a $1,5 billones en los próximos dos años; estos incentivos son, por ejemplo, el no pago de IVA por compra de carros eléctricos, no pago de aranceles para importación de estos carros, promoción de generación de proyectos de energía de fuentes no convencionales y de conservación ambiental.

¿Cómo se hará la conservación de los bosques?
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En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz se aprobó el Decreto-Ley 870 de este año, que establece el pago por servicios ambientales. Entonces, ya tenemos el marco legal para pagarles a las familias que se dedican a la conservación de bosques o a la conservación de recursos hídricos. Esos pagos pueden estar entre $300.000 y $600.000 por mes y puede subir hasta $1,2 millones.
Esperamos 50.000 hectáreas constituidas en este tipo de pagos.

También se estableció la política de servicios ambientales que ya está aprobada por el Conpes, pero que todavía no la hemos hecho pública, esperamos que a más tardar el martes de la próxima, la Cámara de Representantes nos apruebe la ratificación del Tratado de París, y vamos a presentar el 20 de julio la Ley Nacional de Cambio Climático que ya establece los cupos de emisiones.

¿Cuántos recursos se necesitan para cumplir los planes de adaptación al cambio climático?
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Nosotros calculamos de forma preliminar que hasta 2040 necesitaremos $90 billones. Con esta meta ya vamos en casi el 40%, o sea vamos muy avanzados.

¿Qué piensa del retiro de Estados Unidos del tratado de París?
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Estados Unidos estaba dando ejemplo al disminuir las emisiones de Gases Efecto Invernadero, pero con un buen desarrollo económico, tenía mucho que mostrar, tenía autoridad moral, pero está enviando un mal mensaje, porque ahora cualquier persona cree que va a poder entrar y salir en cualquier momento de cualquier tratado con el cambio de administración.

¿Por qué es tan importante el Tratado de París?
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El Tratado de París es muy bueno, ahí se estableció el Fondo Verde del Clima, que es un mecanismo de equidad para que los países que tienen mayor responsabilidad en el cambio climático puedan compensar a los países más vulnerables o con menos recursos como Colombia.

¿Qué piensa de la solicitud de Estados Unidos de reanudar la fumigación aérea?
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La fumigación aérea con glifosato o cualquier otro herbicida es inconveniente por tres razones fundamentales: es política de Gobierno no hacer aspersión aérea para la erradicación de cultivos de hoja de coca, porque tiene un enorme impacto sobre la salud, demostrado ya en los estudios de la OMS.

Segundo, porque tiene enormes impactos ambientales, dado que se hace en zonas de alta biodiversidad y si se hace de manera indiscriminada penetra en los tejidos de las plantas y las mata. Eso acabaría con gran parte de nuestra biodiversidad. Recuerde que está prohibido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la utilización de glifosato en aspersiones aéreas.

Y en tercer lugar, porque ya el Gobierno Nacional aprendió la lección: estamos fumigando desde 1992 en cultivos de amapola y desde 1994 en cultivos de hoja de coca, ya se han fumigado cerca de un millón de hectáreas y no se han logrado resultados importantes. De ahí que la mejor estrategia de un país en posconflicto es la erradicación manual, bien sea forzosa o voluntaria. Esta estrategia está funcionando.