Exclusivo: el entramado que investiga la Personería y que involucraría a funcionarios de Emcali con presuntas irregularidades

La del pasado 17 de agosto fue la vencida. Después de meses en los que la Personería Distrital intentó sin éxito que las Empresas Municipales de Cali entregaran información sobre los cobros coactivos realizados al Centro Comercial Panamá, fueron suspendidos dos funcionarios, durante tres meses, “para limitar cualquier tipo de interferencia en la investigación”.

Se trata de la jefe de Unidad de Recaudo, Paola Andrea Vernaza Rojas, y el exfuncionario de esa misma dependencia Harold Viáfara González, vinculados a través de denuncias ciudadanas con presuntas irregularidades que se remontan al 2017, por lo que un personero delegado los apartó de manera provisional de Emcali “para evitar la reiteración y la continuación de la conducta”.

“En ese año empezaron los trucos porque teníamos un administrador malo que no hacía el cobro a los morosos y unas señoras cercanas a Harold Viáfara, empleado de Emcali, lo llevaron para que él se encargara de esa cartera”, explicó el propietario de uno de los locales del Centro Comercial Panamá.

“El señor tiene una empresa llamada Wahvcol SAS y el 16 de agosto del 2017 se firmó con su empresa un contrato totalmente desventajoso para el centro comercial y aunque hubo gente que se opuso, ya ellos tenían todo preparado para lo que iban a hacer después”, indicó el comerciante y propietario.

De acuerdo con las denuncias allegadas a los entes de control, la empresa de Viáfara empezó a recibir locales en dación de pago, locales que deberían pasar a ser de propiedad del contratante, en este caso la copropiedad del centro comercial, pero aseguran los denunciantes que Viáfara se fue quedando con ellos.

La historia del local 138

Para sorpresa de muchos de los dueños de locales en el Centro Comercial Panamá, en octubre del 2020 anunció Harold Viáfara que quería ser parte del Consejo de Administración, pero le negaron la posibilidad porque a ese órgano directivo solo pueden ingresar los copropietarios.

“Fue entonces cuando anunció que él sí podía hacer parte del Consejo porque era dueño del local 138, una noticia que nos tomó por sorpresa y al preguntarle cómo había hecho esa negociación, respondió con altanería y vulgaridad que no tenía por qué dar explicaciones a nadie”, dijo otra de las fuentes.

Al ser consultado por El País sobre la manera en que obtuvo el local 138, Harold Viáfara aseguró que uno de los locatarios, el señor (Jorge) Mejía, entrega el local en dación de pago por el cobro de cuotas y la administración autoriza que lo compre Wahvcol.

“Cuando estaba todo listo, el administrador dijo que no tenía cómo pagarle a Wahvcol porque Wahvcol cobra el 40 % de la cartera que recupere; y como necesitábamos un espacio para atender en el centro comercial, lo recibimos, se lo compramos al dueño directamente por compraventa y le pasamos el 60 % que le correspondía al centro comercial, pero es el único que tenemos”, aseguró Viáfara.

Ante la denuncia de quienes aseguran que son varios locales los que tendría Viáfara y personas de su círculo familiar, que se han entregado en dación de pago, indicó que no es cierto. “Yo actúo como intermediario; yo cobro el

3 % a través de Wahvcol y nosotros compramos y vendemos a terceros; el dueño firma ante notario y recibe su plata; ahí no hay nada ilegal”.

Frente a ese local, aseguran los denunciantes que fue falso que lo comprara al dueño. “En una asamblea le reclamamos y se exigió que tenía que devolver el local a la copropiedad y fue cuando entonces desde Emcali, ayudado por su jefa Paola Andrea Vernaza, se ordenó el embargo para evitar que se pudiera hacer algún trámite y que Viáfara tuviera que devolverlo”, dijo una de las fuentes consultadas.

“En el piso 12 de Emcali su jefa actuaba en su favor porque si embargaba ese local no podíamos exigirle la devolución al centro comercial. Era una dación en pago para la copropiedad, pero con eso se nos metió al Consejo de Administración y Emcali le hizo el favor de bloquearlo comercialmente para que no pudiera devolverlo. Eso se llama tráfico de influencias”, dijo uno de los denunciantes.

Según documentos, el embargo de Emcali al local de Harold Viáfara se ordenó el 7 abril del 2021, cuando él trabajaba en la Unidad de Cobro Coactivo, donde estuvo entre el 23 de marzo del 2020 y el 15 de junio del 2021.

Al respecto indicó Viáfara que: “El local mío está embargado desde el 2021. Y cuando lo compré no trabajaba en cobro coactivo porque estoy con permiso sindical desde el 2010 hasta el 2020 y el negocio se hizo en el 2019 y me embargaron en el 2021 y no lo sabía porque nunca me notificaron”, dijo.

“Yo le dije a la doctora Paola que ese embargo fue un acto ilegal; me perjudicaron porque yo hoy no puedo disponer del bien y está allí amarrado a que se pague una deuda de más de $600 millones en servicios públicos. Fue un error porque a mí no me notificaron y el problema es que yo no puedo irme contra Emcali porque trabajo en Emcali; perdí y listo”, aseguró Viáfara.

Del conflicto de intereses

Entre las denuncias contra Viáfara está el hecho de que siendo empleado de Emcali, realizaba trámites ante las Empresas Municipales, incluso fungiendo como administrador del Centro Comercial; juez y parte.

“Vemos un entramado que involucra a ambos funcionarios porque Emcali frente a los deudores inicia el cobro coactivo con facultad para embargar y rematar cualquier bien, y a partir de allí, Harold Viáfara constituyó su empresa como representante legal, así luego le cediera la representación a su secretaria y dejara como suplente a su hija”, dijeron a El País fuentes desde la Personería Municipal.

“Lo que se entró a investigar es si se negociaron obligaciones por fuera de los parámetros legales y si se cambió deuda por locales. Para ciertos estratos hay unas concesiones que frente al crédito se les condona, pero aquí habría unas condonaciones que están por fuera de ese marco. Ya la Contraloría denunció que Emcali habría dejado de cobrar más de $7000 millones”, dice la persona bajo anonimato. “Sin embargo en redes, abusando de su influencia sobre el colectivo, dice que él nunca ha sido administrador cuando hay documentos firmados por él”.

Al respecto, aseguró Viáfara que nunca fue el administrador. “La Personería encuentra dos documentos porque Harold Viáfara era el presidente del Consejo de Administración y cuando renuncia el administrador el centro comerical quedó al garete y la Asamblea aprobó provisionalmente por diez días que asuma funciones, pero no quedé registrado en la Alcaldía de Cali”.

“Es ahí donde salen dos documentos: un paz y salvo de un señor que pagó las cuotas que debía y una solicitud a Emcali para que revise la posibilidad de la deuda total se pueda prorratear entre los dueños de los locales”, dijo Viáfara, advirtiendo que son papeles del 2023 y no estaba ya en cobro coactivo.

“Lo que hay detrás de todo esto es una persecución política. Tengo la opción de lanzarme ahora el 26 de octubre a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico y por eso se me vinieron ya en contra”, dijo.

Desde Emcali le negaban información a la Personería

Ante la negativa reiterada de la Oficina de Talento Humano de Emcali a responder los oficios enviados por la Personería Distrital, conoció El País que se ha ordenado la apertura de una investigación a esa dependencia.

Entre esos documentos, cuya destinataria era la señora Guadalupe Guerrero López, se pedía información sobre el tiempo que Harold Viáfara fue funcionario adscrito a la Unidad de Recaudo de Emcali, certificación de las dependencias en las que estuvo vinculado y el nombre de la persona que hizo las veces de jefe o director de las unidades a las que ha pertenecido Viáfara entre el año 2017 y 2023.

El País elevó la consulta sobre la negativa de Emcali a proporcionar esa información, que es de obligatorio cumplimiento, al gerente de la empresa, Roger Mina, pero al cierre de esta edición aún no obtenía respuesta.

Sin embargo, Harold Viáfara señaló que desconoce por qué la empresa no entregó esa información, y advirtió que ya fue presentada una denuncia penal contra el personero delegado para este proceso, Eduardo Andrés Rodríguez porque, asegura, no le ofreció las garantías.

“Yo estuve en versión libre y le dije al personero delegado que no tenía nada qué esconder porque ahí están todos los documentos legales ratificados. Me senté con él y le expliqué que yo no soy el administrador actual del Centro Comercial Panamá y sin embargo me suspendió. Se equivoca conmigo porque se extralimita en sus funciones y por eso le puse la denuncia y pedí una investigación disciplinaria”, dijo Viáfara.

Agregó que le ha pedido a la Procuraduría Provincial de Cali que asuma el control preferente del caso porque no tiene las garantías suficientes.

Al respecto, desde la Personería ya advierten que una senadora del Partido de la U está en lo mismo porque Paola Andrea Vernaza hace parte de su grupo político. “Piden llevarse el proceso a dormir a una oficina como ha ocurrido con los casos de la semaforización, el contrato de TV Andina SAS o el Tramo tres de las obras del MIO”.

El historial de embargos de Emcali

El Centro Comercial Panamá fue construido por la empresa Inversiones Atrato, pero el no pago de servicios públicos dio origen al historial de embargos que tiene encima. En octubre del 2003 le fue embargado el local 501 y luego se libraron por parte de Emcali dos mandamientos de pago: el 307 de diciembre 11 del 2006 para 24 locales, y el mandamiento 308 de la misma fecha contra 14 más; un total de 39.

“El embargo inicial fue contra la constructora y resulta que después con la suscripción de zonas comunes nos embargaron a todos porque debemos ser solidarios con la deuda, pero ahí hubo un manejo maquiavélico en eso”, dijo un propietario.

“Lo que pasa hoy es que cada año sube más el interés de la deuda que el avalúo catastral. Entonces por avalúo un local de estos aumenta su valor 4 % o 5 % con el IPC, pero el interés de la deuda aumenta entre 24 % y hasta 30 %”, aseguró.

Ahora, agrega, “si se suman los 39 locales y se fueran a rematar, estaríamos hablando de un valor aproximado de $1050 millones y si se rematan por el 70 %, sumarían unos $736 millones y resulta que la deuda eran poco más de $500 millones. Con ese embargo era suficiente para pagar la deuda.

Con la suscripción de las zonas comunes en abril del 2011 hubo un mandamiento de pago que, según el Estatuto Tributario, Emcali tenía cinco años para iniciar el proceso ejecutivo y si han pasado esos cinco años, y estando vencido lo inició Emcali en septiembre 26 del 2017 y eso es una irregularidad.

“Emcali debió hacer un prorrateo de la deuda y no lo hizo; en eso el Estatuto Tributario es claro y debía notificar al deudor personalmente y cuando le dijeron a la señora Vernaza dijo que lo hizo con todos. Y según ella, notificó a una señora Trinidad Cabrera que llevaba un año de muerta”, dijo el denunciante.

Una historia de insultos, agresiones y atentados

La disputa entre propietarios de locales y personas cercanas a Harold Viáfara tiene capítulo aparte en la Fiscalía General.

En los videos que han circulado por redes sociales, se advierte cómo las asambleas de propietarios del Centro Comercial Panamá terminan convertidas en guerras de denuncias, insultos, manipulaciones y amenazas.

Algunos de esos capítulos han trascendido a la Fiscalía General de la Nación como sucedió con uno de los hechos más graves ocurridos, según los denunciantes, en el que se atentó contra la vida de una de las personas que ha confrontado el actuar de la empresa Wahvcol SAS dentro del centro comercial.

“Tú le dijiste al Consejo de Administración que si no estaba eso claro, tú devolvías el local; y ¿cuándo lo hiciste?, nunca”, le reclama María Eugenia Otero a Harold Viáfara y advierte que no es del local 138, que pasó a su nombre sino del local 206, del que había dicho que iba a devolver.

“Con qué autorización está usted vendiendo los locales y dónde está la ganancia para el centro comercial. La ganancia no la estás obteniendo sino tú”, lo confronta la mujer.

“¿Cuáles locales? El 186 se lo compró Harold Viáfara a la señora Mónica. Se lo compré, lo podía vender porque es de ella y ya lo vendí”, responde Viáfara, en medio de los gritos que se escuchan en la asamblea.

Esa asamblea fue a finales del 2024 y el martes 14 de enero del 2025, cuando salía de su Unidad Residencial, en la Carrera 18 con 52, María Eugenia Otero fue interceptada por un hombre que le alcanzó a disparar en una sola ocasión antes de que se trabara el arma, según la denuncia conocida por la Unidad Investigativa de El País.

La mujer fue trasladada a una clínica con un disparo en el costado izquierdo, quien un mes después de su recuperación presentó la respectiva denuncia en la Fiscalía General, a la que agregó como presuntas pruebas algunos de los videos de las asambleas realizadas en el Centro Comercial Panamá.

Al ser interrogada sobre si sospecha de alguien, responde que la única persona con la que tiene diferencias es con el señor Harold Viáfara González “trabajador de Emcali, perteneciente al sindicato USE de Emcali, ya que he servido como testigo en juicio administrativo de Emcali y denuncié mediante la Asamblea del 2024 que se estaba apoderando de unos locales”.

Sobre este particular, indicó Harold Viáfara que él jamás asumió el compromiso de solucionar deudas de servicios con Emcali y que “la señora María Eugenia nunca ha estado en el Consejo de Administración porque nunca ha sido dueña de ningún local”.

Ella decía que yo como trabajador de Emcali tenía que asumir y le dije que jamás. Yo trabajo en Emcali y no me pida que Harold Viáfara que trabaja en Emcali, vaya a demandar a Emcali, jamás y le dije que no podía hacer eso”, recalcó Viáfara.

“Desconozco si me han mencionado en la denuncia que interpuso la señora, pero no tengo nada qué ver en eso”, recalcó.

Otra de las personas que conoce el proceso del Centro Comercial Panamá aseguró que eran tres personas las que iban a asesinar, porque en ese proceso hay muchas cosas en juego e indicó que tiene que ver con los antecedentes del edificio, que fue de propiedad de Elmer Herrera y varios de los locales están bajo poder de la SAE.