¿Cómo avanzar hacia un país más incluyente con las personas con discapacidad? Responde el consejero Jairo Clopatofsky

Jairo Clopatofsky tenía 21 años cuando un accidente de tránsito en la vía entre Pacho y Zipaquirá, en Cundinamarca, le cercó las chances de volver a caminar.

En un giro del destino, más precisamente en una curva de la vía, el carro en el que iba se encontró de frente con un camión que intentaba sobrepasar un bus. En una maniobra para evadir el choque, perdió el control y el carro se volteó. En la segunda de las tres vueltas que dio el vehículo, se abrió la puerta y él salió disparado. El recorrido solo lo pudo frenar una piedra con la que se encontró su espalda, golpeó sus vértebras y dividió su médula espinal.

Entonces, luego de haber pasado por el Senado y la dirección de Coldeportes, treinta y siete años después de ese golpe de realidad se desempeña como Consejero Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, una población que afirma necesita ser reivindicada en el plano educativo y laboral, por lo que en los próximos tres años advierte que se invertirán $834.000 millones para atenderla.

Hoy, ¿cuál es el panorama en Cali y el Valle en torno a la población con discapacidad?

En Colombia podemos estar llegando casi a los 5 millones de personas con discapacidad, de esa cantidad el Valle tiene una carga aproximada de 360.000 personas, que es bastante alto; casi el 55% de esa población con discapacidad está concentrada en Cali. En los demás municipios se hace más complicado hacer una valoración por las dificultades que hay con algunas vías de comunicación, que están haciendo que las personas con discapacidad estén quedando completamente aisladas.

En ese sentido, ¿qué estrategias se han logrado articular con las autoridades locales y departamentales para mejorar las condiciones de la población con discapacidad?

Ha sido importante el trabajo de el alcalde Maurice Armitage y la gobernadora Dilian Francisca Toro porque tienen un alto nivel de sensibilidad social. Lo más importante que hicieron la Alcaldía y la Gobernación fue aprobar, a través de la Asamblea, la ordenanza para aterrizar la política pública para todo el departamento; esto sirve para articular los planes de gobierno con las acciones nacionales que marcan la línea en la atención de esta población. Aún falta mucho por hacer, pero lo más importante es que debemos hablar el mismo lenguaje y no atacar a nadie, sino agradecer porque lo mínimo que se haya adelantado es un éxito para esta población que ha estado desatendida.

Una de las principales preocupaciones en Cali es la accidentalidad, no solo por la incidencia en mortalidad sino por las lesiones. ¿Cómo está la atención en este frente para prevenir casos de este tipo?

El 70% de la accidentalidad en Colombia propicia secuelas permanentes. Por eso estamos promoviendo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial una campaña para promover el uso del cinturón y no manejar embriagado, porque aunque hay sanciones altas la gente lo sigue haciendo. Necesitamos que se reduzcan más los accidentes, que haya menos personas con discapacidad, porque esto no implica solamente que usted quede en una silla de ruedas o con una parálisis parcial, sino que los costos de una persona con discapacidad en el sistema de salud son de gran choque económico.

Pero, el cumplimiento de las EPS con esta población es mínimo....

Es cierto. No le están brindando los elementos a las personas con discapacidad ni la atención para que puedan seguir su vida con el menor impacto posible. Las EPS, por ejemplo, no dan los cojines antiescaras, entonces a una persona que está en silla de ruedas le salen úlceras y esto puede llevar a mutilaciones de miembros. El sistema no reconoce dentro del POS muchos elementos ortopédicos y en otros casos los reconoce pero no se los da al paciente sino a través de tutelas, entonces se está quedando un mar de personas desprotegidas y necesitamos crear un seguro que nos sirva para que el Estado nos brinde un aparataje como en cualquier país del mundo, como Canadá o Estados Unidos.

Una de las quejas recurrentes de la población con discapacidad son las barreras arquitectónicas de las ciudades. ¿Qué cambios deben hacer las ciudades para ser incluyentes?

Si usted tiene hijos y los saca a pasear en coche se va a dar cuenta que las ciudades no tienen cómo garantizar la movilidad ni siquiera de los niños. La gente percibe la discapacidad de los demás cuando les piden ayuda, pero si hubiesen mecanismos más incluyentes no habría discapacidad. Se ha avanzado un poco con algunos andenes, algunos baños en aeropuertos y centros comerciales; no estamos arrancando en cero, y sobre esto hay que empezar a construir. Toda la política pública hay que aterrizarla con cada uno de los alcaldes para que cumplan la norma y hagan sus ciudades más incluyentes; esto ya está inventado pero no se quiere aplicar.

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Otra preocupación que asalta a esta población es que no hay muchas opciones para su educación. ¿Cómo se piensa cambiar ese indicador?

Con la Ministra de Educación ya tenemos toda la ruta para que la atención de los niños y niñas con discapacidad se le asegure en kinder, primaria y bachillerato. Es decir que si usted tiene una niña con autismo y no sabe dónde inscribirla, ya tenemos la ruta para que se empiece a formar en una aula regular pública; si el niño tiene una discapacidad severa entrará a entidades especialidades en el tema. El Gobierno ya está invirtiendo más de $85.000 millones en esta población y está subsidiando $1 millón mensual por niño para que entren al sistema educativo.

Esa iniciativa suena muy interesante, pero la realidad es que son pocas las opciones para atender bien a esta población...

No todo es color de rosa, es cierto. Tenemos que capacitar antes a profesores y rectores para que entiendan que no son niños enfermos sino que tienen una discapacidad. Hay que quitarles el chip para que comiencen a hacer los ajustes razonables dentro de las escuelas, como rampas, baños accesibles, intérpretes, braille, descargar las ‘apps’ que ya tiene el Ministerio de las TIC para que las personas ciegas pueden leer a través de sus oídos o que las personas sordas puedan acceder a la aplicación del Centro de Relevo, que tiene intérpretes en lenguaje de señas. Esta ruta es muy importante porque el 80% de esta población vive en la extrema pobreza y, de ese 80%, el 50% son analfabetas.

¿A cuánto asciende el presupuesto para atender a la población con discapacidad en Colombia?

La Consejería tiene $2000 millones, pero el presupuesto que yo articulo es a través de los ministerios, y ya hay ejecución de programas que suman $834.000 millones. Esto sube mucho más si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el programa de atención de las víctimas tiene un presupuesto de $2,1 billones y que tenemos más de 260.000 víctimas con discapacidad. Con Familias en Acción hemos ampliado el programa y la cobertura para aquellas familias que tienen niños con discapacidad, algo que no estaba incluido. Si se suman todas esas inversiones que no están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, eso nos deja en un presupuesto de 9.6 billones en los próximos cuatro años para todo lo que tiene que ver con inclusión social: tercera edad, personas con discapacidad, programas sociales, etc.

¿Y en cuanto a empleabilidad de esta población cómo estamos?

Hoy estamos llegando al 0,01% de la población con discapacidad queremos llegar al 3%; es decir, 1% en lo público y 2% en lo privado. Quiero llegar a unos 60.000 empleos, hoy estamos por debajo de los 20.000 entre empleados públicos y privados. Para esto estamos trabajando con el servicio de empleo, las cajas de compensación y con la empresa privada. Por el otro lado, en la función pública hay 1.2 millones de empleos en total en todo el país, pero de esa cifra queremos llegar este año a abarcar 12.000 empleos; recibimos este gobierno con 1400 y ya estamos por encima de los 3300.

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Consejero, pero ¿cómo alcanzar esas cifras tan ambiciosas si todavía se ven muchos prejuicios y barreras en las empresas?

Tenemos que hacer un trabajo de capacitación muy fuerte entre todos, porque las personas con discapacidad no son enfermos, ellos están buscando oportunidades. Hay toda una masa de personas que no ha podido trabajar, precisamente, por esa lástima y se encuentran en la profunda pobreza, incluso debajo de los grupos vulnerables, sin la posibilidad de ir a una escuela o tener un trabajo. Hay 1,5 millones de personas con discapacidad aptas para trabajar y que están esperando ávidamente una oportunidad, estamos frente a un mercado importante y hay que cambiar el lenguaje y la idea de verlos como ‘pobrecitos’ o ‘enfermos’ y empezarlas a ver como personas útiles.

¿Y las empresas sí están ‘copiando’ la idea de abrirle campo a las personas con discapacidad?

El decreto 2011 de diciembre del 2017 habla de un porcentaje de personas con discapacidad que las empresas públicas deben contratar; este año es el 1%, para el 2020 es el 2%, en el 2021 es el 3% y en el 2022 será el 4%. Esto impone sanciones administrativas para aquellos funcionarios que no cumplan con la normatividad, lo que ha ido aumentando la empleabilidad de las personas con discapacidad. Hoy en día hay más de 93 incentivos para las empresas que contraten esta población y, por ejemplo, hay muchas empresas de panadería que tienen 150 empleados y tienen trabajando a 60 que tienen algún tipo de discapacidad.

¿Cuál es el plan para solventar las necesidades de acceso a vivienda de la población con discapacidad?
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Para esto ya tenemos el decreto que habla del 20 % de la vivienda VIS y VIP. A través del programa semillero de propietarios estamos dejando ese porcentaje a los grupos vulnerables, incluyendo a la población con discapacidad y otros 6 grupos más, cabezas de familia, cuidadores, etcétera.

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