Ojo motociclistas en Cali: motos ruidosas serán multadas con hasta $1.208.000; esto dice Movilidad

Autoridades de tránsito encendieron las alertas para los motociclistas en todo el territorio colombiano, y es que amparados por la Ley 2450 de 2025, que busca disminuir el ruido, se ha comenzado a controlar la contaminación acústica estableciendo un límite de 86 decibeles para las motocicletas.

En ese sentido, las motocicletas que superen los niveles de ruido permitidos al contar con sistemas de escape alterados o no originales podrán ser sancionadas con multas que alcanzan los $1.208.000.

Así, y de acuerdo con la normativa vigente, la sanción aplica para vehículos que excedan los límites establecidos de emisión de ruido.

Uno de los comparendos más frecuentes es el identificado como C28, que se impone cuando el vehículo presenta modificaciones no autorizadas que aumentan el nivel de ruido o alteran sus características originales. Esto incluye: instalación de resonadores, cambios en el sistema de escape, y uso de dispositivos que no corresponden al diseño del vehículo.

Dicha infracción puede representar una sanción económica que oscila entre $604.000 y $711.750, dependiendo del caso.

Y, la sanción más alta corresponde a la infracción D17, que aplica cuando la motocicleta supera los niveles máximos de ruido permitidos por la normativa, fijados en 86 decibeles, en la que el comparendo, como ya se ha dicho, puede alcanzar hasta $1.208.000.

A esto se suma que en la capital vallecaucana continúa vigente la restricción de parrillero hombre las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La norma aplica para hombres mayores de 14 años y hace parte de las estrategias de seguridad implementadas por la Alcaldía de Cali para reducir delitos cometidos desde motocicletas.

Cabe decir que, la medida no aplica para personas en condición de discapacidad; personal de seguridad privada debidamente acreditado e integrantes de la Fuerza Pública.

Las autoridades reiteran que el incumplimiento de esta disposición también puede generar sanciones económicas e inmovilización del vehículo.

Desde la administración distrital insisten en que el cumplimiento de estas normas no solo evita multas, sino que contribuye a una movilidad más ordenada en la ciudad.