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El atentado que esta semana enluta al gremio tuvo lugar en el barrio Santa Fe, a la altura de la Carrera 17 con Calle 36A, cuando Lizeth María González se disponía a iniciar su jornada laboral. | Foto: Foto: Bernardo Peña / El País

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Agentes de tránsito de Cali, expuestos a una peligrosa persecución

El asesinato de la guarda Lizeth M. González S. muestra el riesgo que corren al hacer el control al transporte informal y a otros infractores.

8 de diciembre de 2019 Por: Redacción de El País

Tal como lo denunció El País en su edición del pasado 18 de septiembre, hace solo dos meses y medio, los agentes de tránsito son seguidos y perseguidos desde que salen de sus casas al amanecer, con su misión de hacer cumplir la norma en las calles de Cali.

En especial, estas situaciones se presentan contra los agentes del Grupo Operativo contra el Transporte no Autorizado, encargados de hacer los controles a los llamados vehículos ‘piratas’ y ‘motorratones’. Y aunque Lizeth María González Sanclemente, la guarda asesinada al amanecer del martes pasado cuando salía de su casa en el barrio Atanasio Girardot para ir a su trabajo, no era de este grupo, cuando le tocaba hacer un procedimiento contra el transporte informal, lo hacía.

En efecto, agentes de tránsito denunciaron hace solo un par de meses, y El País lo constató, cómo unos hombres que se movilizan en motos, conocidos como ‘satélites’, los esperan desde la salida de sus casas, o desde la sede de Tránsito, y los siguen y van anunciando por celular a los transportadores ilegales, por dónde se dirigen para hacer los operativos.

Estos ‘satélites’ reportan los posibles controles a una central de radiofrecuencia de Avantel y los conductores pirata la escuchan. Por ese ‘servicio’ pagan $50.000 semanales. Uno de ellos reveló a El País que en Cali “hay diez grupos organizados que manejan el negocio del transporte ilegal” y contratan a estos ‘satélites’. Incluso, se dice que tienen un fondo común para el pago de las multas y las salidas de los vehículos de los patios.

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Cuando hay un procedimiento de inmovilización de un vehículo, estos satélites llegan en grupo y hasta con armas de fuego, intimidan a los conductores de las grúas o amenazan a los guardas de tránsito y bajan a la fuerza carros que ya están en la camabaja. Y aunque las autoridades no han dado aún pistas sobre los móviles del crimen de la guarda Lizeth María González, en las calles se dice que ella “era el terror de los piratas”.

“Ella (Lizeth) no era del grupo operativo contra el transporte informal; si le tocaba ir a regular tráfico, regulaba; si le tocaba ir a atender accidentalidad, atendía; si tenía que ir a un puesto de control, controlaba y si le tocaba hacer un procedimiento contra transporte ilegal, lo hacía, pero era una agente muy estricta, conocedora de la norma, muy cumplidora de su función, y eso precisamente no gustaba”, refirió uno de sus compañeros.

Esa amenaza latente contra la vida de los guardas de tránsito no es esporádica. También aparece durante los procedimientos en los puestos de control para verificar si se tiene el Soat y la revisión técnico mecánica actualizadas.

Muchas veces los uniformados son amenazados con arma de fuego, cuchillos, machetes, varillas, piedra, o con el mismo carro del infractor. Ya hay denuncias ante la Fiscalía por estos casos.

Fue lo que le pasó y le cambió la vida a la agente Claudia Patricia Plaza. Ella iba en su moto de servicio el 10 de julio de 2017, con su compañero de labores, Carlos Antel. Un carro pirata los arrolló y les pasó por encima. Aunque el agresor quiso huir, el carro quedó enredado con la moto y el hombre fue judicializado.

Ella sufrió traumas de cuello, de columna, de cadera y de tobillo y un año después, el 29 de agosto, fue operada de columna en el Centro Médico Imbanaco. “He estado hospitalizada, en terapia, me han hecho bloqueos, radiofrecuencia, pero quedé con un dolor que no me lo quita nada y con bastón para guardar el equilibrio”, describe Claudia Patricia.

Después de 18 meses y medio de incapacidad, fue reintegrada a sus labores en enero de 2019, pero ella dice que se siente incapacitada aún por el dolor que la aqueja y que le imposibilitó volver a trabajar en los operativos de control, ya que se cataloga como una mujer muy activa.

Ahora trabaja en una oficina, primero se ocupó de contestar la línea de accidentalidad y reportar siniestros a sus compañeros, y recientemente, recibe las llamadas del Grupo Operativo para enviarles las grúas que le solicitan, y lleva las estadísticas del día.

“La ARL se lavó las manos diciendo que mi lesión no es producto del trauma sino de mi edad y no me calificó bien para mi incapacidad, pero cuando yo ingresé en 2008, fui admitida porque estaba sana y no me dolía nada”, se queja la mujer de apenas 39 años.

Lo paradójico para ella es que “el agresor goza de total libertad, hace su vida normal, pese a que lo demandé y admitió que me arrolló, porque esto no fue un accidente, sino un intento de homicidio, pero no pasó nada”, denuncia la afectada. “La Fiscal encargada del caso, le levantó el pendiente del carro y así él pudo sacar el vehículo de los patios un mes después y traspasarlo a otra persona. Esto es un país de vivos”, se queja la afectada.

Con las amenazas que viven a diario, Héctor Mauricio Álvarez, supervisor del Grupo Operativo contra el Transporte no Autorizado, evoca la lamentable época de 1997-1998, cuando en un año, fueron asesinados cuatro agentes de tránsito.

“En muchos casos los intentan arrollar, porque la gente no entiende que no está obligada a estar de acuerdo con el procedimiento, pero el recurso legal que tiene es instaurar la controversia; puede aportar las pruebas y explicar que no está de acuerdo, pero no agredir al funcionario, porque ya la situación pasa de controversial a un tema penal”, argumenta el supervisor Álvarez.

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El uniformado también resalta que la ciudadanía debe recordar que “nosotros no sancionamos, solo notificamos para que el presunto infractor comparezca –por eso se llama comparendo– ante la entidad de tránsito o la autoridad competente y éste determine si hay lugar a sanción o no”, dice el supervisor Álvarez.

El agente se queja de que infortuna- damente no encuentran respaldo de otras autoridades al judicializar a estos indi- viduos. “Lo tipifican como lesiones personales, pero cuando se toma la decisión de arrollar a otra persona con el vehículo, se puede configurar una tentativa de homicidio, porque es contra un funcionario público”, explica el supervisor.

Por esa razón, la Secretaría de Movilidad no tiene cifras de las agresiones a los guardas, porque muchos casos de arrollados por un conductor infractor, han sido tipificados como ‘accidente vial’.

Es el caso de un agente que según Álvarez, “está vivo de milagro”, porque sufrió múltiples fracturas al ser arrollado hace más de un año por un conductor ‘rápido y furioso’. “Exigimos el Soat para que la persona responda en caso de un accidente. Y la revisión técnico mecánica, porque cuando alguien es atropellado, nos dicen que es porque no hacemos los controles, pero si los hacemos, también nos atacan. Pero cuando uno tiene bien la documentación, no tiene porque temer a un procedimiento o a un puesto de control”, afirma Álvarez.

Por ese mismo enojo, fue que hace cuatro meses un motociclista arrolló al agente Wilmar Castro, cuando lo requirió para un control en la Carrera 66 con Calle 18. “Cuando el compañero le solicitó ingresar a la bahía de control, él quiso darse a la fuga y por no colisionar con un taxi, prefirió colisionar conmigo”, relata el agente que sufrió múltiples contusiones y hematomas en la pierna derecha que lo incapacitaron por quince días.

Por fortuna, llegó el cuadrante de la Policía al que se le había pedido apoyo por otro conductor agresivo, y lo judicializó, pero el proceso sigue abierto. De hecho, el hombre tenía los documentos vencidos.

Pero también ha recibido amenazas contra su vida. “Ellos (los piratas) están organizados, tienen una persona que los representa y que me amenazó de muerte”, relata el guarda. Recuerda que él hizo la inmovilización del vehículo bajo la norma y mientras esperaba la grúa, un carro blanco con vidrios polarizados, que había estado observando todo desde el frente, dio la vuelta y lo cerró hasta hacerlo detener su moto de dotación.

“El conductor comenzó a increparme, a insultarme con palabras soeces y me gritaba que me iba a matar porque supuestamente yo inmovilizaba cada rato vehículos de un grupo que él adminis- traba. Yo tuve que entrar a resguardarme a Jardín Plaza y el hombre también ingresó, pero los guardas de seguridad, con apoyo de la Policía y de los compañeros míos de zona, me ayudaron”.

Él le interpuso demanda al agresor en la Fiscalía por amenaza de muerte, pero solo citaron a indagar al guarda, pero no se sabe si llamaron al agresor ni en qué va el proceso. “Infortunadamente algunos fiscales no son neutrales y se van más a favor del indiciado que de la autoridad que está haciendo cumplir las normas”, afirma.

De hecho, recuerdan que un transportador ‘pirata’ agredió con una navaja en la mano a un compañero de tránsito en un operativo contra transporte informal. Luego, el hombre se trepó a un poste, estuvo seis horas amenazando con quitarse la vida sino le quitaban las multas que tenía. Pero el mismo agresor, hace como dos años, volvió a atacar a otro agente y lo hirió en la espalda con un cuchillo.

Otros agentes, incluidas mujeres, están en tratamiento psicológico por las agresiones verbales, físicas y emocionales a las que se ven expuestas a diario en el cumplimiento de su deber.

El supervisor Álvarez dice que lo que más grave es que lo que está pasando no es solo contra los agentes de tránsito, sino contra todas las autoridades en este país, como en los ataques a los miembros de la Policía y del Ejército, pero “es nuestro diario vivir lo que tenemos que soportar por prestarle un servicio a la comunidad”.

Entre tanto, la agente Claudia Patricia pide justicia y seguimiento detallado a su caso. “No he tenido apoyo de nadie, solo de mi familia, mi esposo y mis hijos y de uno que otro compañero”, sostiene ella.
Otros agentes prefirieron no relatar las agresiones de las que han sido sujeto, por su seguridad. Como este artículo, tampoco será firmado por la misma razón.

Otros casos

En enero de 2011, José Edinson Millán se hizo famoso porque hirió con una navaja a un guarda de tránsito porque le inmovilizó el vehículo en el cual ejercía el transporte ilegal. Después, se subió a un poste de energía y amenazó con electrocutarse, pero el hombre ya tenía varias multas y antecedentes de otras agresiones a guardas de tránsito.

Pero en enero de 2014, la escena se repitió: un agente fue agredido con un cuchillo durante un procedimiento en la Carrera 100 con Calle 25, al frente de Jardín Plaza, porque se disponía a sancionarlo por realizar transporte ilegal intermunicipal hacia Jamundí, en el vehículo de placas VBQ 135.

Testigos dijeron que el conductor del vehículo pirata se bajó del vehículo, sacó un cuchillo e hirió en la mano derecha al agente, quien fue trasladado a la clínica Valle del Lili.

En diciembre de 2013 se presentaron dos agresiones, una de ellas que terminó en fractura de un brazo de un guarda.

Solo el pasado 30 de septiembre, un hombre en moto cruzó por alto controles y retenes de una carrera ciclística a Cristo Rey, y arrolló a un guarda de Tránsito que lo quiso detener y a un ciclista, al que le causó fracturas.

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