El Ministerio de Educación, bajo el mando de Daniel Rojas, anunció en octubre de 2024, desde Tuluá, que a la sede de la Universidad del Valle de ese municipio se le iba a asignar un presupuesto de $22.800 millones para su ampliación.
Este anunció fue recibido con gran emoción por la comunidad universitaria porque también ampliaría la cobertura en el departamento.
“Hemos anunciado la inversión por 22.800 millones de pesos para la ampliación de esta sede que se encuentra en fase 3 y que va a ser adjudicada para inicio de obra a través de Findeter con recursos del Gobierno del Cambio”, pronunció el ministro Rojas desde Tuluá.
Sin embargo, todo esto al parecer ha quedado en promesas porque a través de un derecho de petición que respondió el Ministerio de Educación, el representante a la cámara por el Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, reveló que tras más de nueve meses del anuncio, hasta hoy las obras no han comenzado, no ha habido desembolsos y fue suspendido el proceso licitatorio por supuestas irregularidades.
“Actualmente no se cuenta con desembolsos a los contratos derivados por estar en proceso de convocatoria”, admitió Daniel Rojas en el derecho de petición al resaltar que no hay recursos para la construcción del nuevo edificio y sus aulas.
Sobre el proceso licitatorio cancelado por las presuntas irregularidades que el mismo ministro adelantando, se debe a que estas se detectaron “en las propuestas presentadas por los oferentes que comprometían la transparencia, la objetividad y la finalidad del proceso de selección”.
Como alternativa a lo anterior, el jefe de la cartera educativa mencionó que se hizo una nueva convocatoria pública de licitación el pasado 2 de mayo.
Además, el alto funcionario señaló que aún no existe un cronograma detallado de la ejecución de la obra porque va a ser establecido cuando se suscriba el acta de inicio del contrato. Por lo tanto, cuando se inicie el contrato, el plazo de la ejecución del proyecto será de 11 meses, razón por la cual la obra no estaría terminada en lo que resta del Gobierno Petro.
El congresista Salcedo tuvo que recurrir al Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá para interponer una tutela, debido a que el Ministerio de Educación no quería responder el derecho de petición. El despacho judicial ordenó a la cartera dar respuesta para las próximas 48 horas.
“Se supone que iban a estudiar 8.000 estudiantes, pero hoy no tienen la posibilidad de hacerlo porque no se ha adelantado la obra. Estas cifras que se presupuestaron son una mentira porque están engañando a la gente y eso es lo que estamos descubriendo hoy”, expresó el representante Salcedo en diálogo con El País.
Asimismo, cuestionó el valor del presupuesto porque a pesar de que el Ministerio de Educación anunció hace un año que sería de $22.800 millones, en la respuesta al derecho de petición se lee que en la actualidad es de $19.544 millones.