El Senado pidió a la Corte Suprema de Justicia que le otorgue un plazo suficiente para responder a la solicitud presentada por un ciudadano sobre si el senador conservador Wadith Manzur podrá posesionarse el próximo 20 de julio, pese a estar detenido en la Escuela de Carabineros por presuntos delitos de corrupción.
“Hemos recibido el traslado que nos ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la solicitud presentada por el apoderado judicial del senador electo Wadith Manzur. Al respecto, debemos señalar que se hará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal sobre esta materia para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable frente a esa solicitud”, señaló el secretario general del Senado, Diego González, en un breve video difundido en redes sociales.
El ciudadano Francisco Javier Araujo Morelos presentó ante la Sala Especial de Instrucción un derecho de petición en el que planteó dos preguntas al alto tribunal: si existe garantía de que Manzur pueda materializar el acto de posesión como senador y si la medida de aseguramiento preventiva implica la imposibilidad absoluta de ejercer el mandato representativo derivado del voto popular.
Argumentó que, aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas, “no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos”, lo que, en su criterio, equivaldría a una prohibición absoluta de posesionarse.
La Sala respondió que no emitirá un pronunciamiento sobre los puntos planteados por el peticionario. Sin embargo, en consideración a que la solicitud involucra asuntos relacionados con la posesión de congresistas electos para el nuevo periodo, trasladó la petición al Senado para que sea esa corporación la que se pronuncie.
El magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos firmó el auto del 27 de marzo de 2026 mediante el cual se ordenó esa remisión. El oficio fue dirigido al presidente del Senado, Lidio García.
La Corte Suprema dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Manzur el 11 de marzo de 2026, al concluir que el senador electo presuntamente negoció sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).