Wadith Manzur, preso por escándalo de la UNGRD, buscaría posesionarse como Senador desde la cárcel

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado de la República la solicitud de abogado que pide pronunciamiento sobre si el Senador electo, Wadith Alberto Manzur Imbett, actualmente recluido en la Escuela de Carabineros con medida de aseguramiento privativa de la libertad, puede tomar posesión de su curul el próximo 20 de julio de 2026, en la ceremonia de instalación del Congreso para el periodo constitucional 2026-2030.

El abogado Francisco Javier Araujo Morelos presentó ante la Sala Especial de Instrucción un derecho de petición en el que planteó dos preguntas al alto tribunal: si existe garantía de que Manzur Imbett pueda materializar el acto de posesión como Senador el 20 de julio, y si la medida de aseguramiento preventiva implica la imposibilidad absoluta de ejercer el mandato representativo derivado del voto popular.

En su solicitud, Araujo Morelos argumentó que, aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas, “no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos”, lo que sobrevendría, en su criterio, a la prohibición absoluta de posesionarse.

La Sala respondió que no emitirá pronunciamiento sobre los puntos planteados por el peticionario, pero que, en consideración a que la solicitud contempla asuntos referidos a la posesión de congresistas electos para el nuevo periodo, trasladó la petición al Senado para que sea esa corporación la que se pronuncie.

El magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos firmó el auto del 27 de marzo de 2026, mediante el cual se ordenó esa remisión. El oficio fue dirigido al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay.

La Corte Suprema dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Manzur Imbett el 11 de marzo de 2026 al concluir que el Senador electo presuntamente negoció sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Apenas ocho días después de la decisión de la Corte, el 19 de marzo, el senador conservador fue trasladado de manera definitiva al complejo adscrito a la Escuela de Carabineros, vinculado a La Picota, donde permanece recluido.

El escándalo

El proceso que mantiene privado de la libertad a Manzur se enmarca en el entramado de corrupción destapado alrededor de la Ungrd, que le habría costado al erario cerca de $92.000 millones, originados en sobrecostos de los carrotanques para La Guajira.

La Corte concluyó, tras recaudar pruebas documentales y testimoniales, que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar, con los que representantes del Ejecutivo habrían comprometido la función legislativa de los parlamentarios procesados.

El caso mantiene también privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalado por la Corte como autor intelectual de la red, desde finales de 2025.

Pese a la medida de aseguramiento vigente al momento de los comicios del 8 de marzo de 2026, Manzur logró 134.914 votos, lo que lo posicionó como el séptimo candidato más votado del país y el tercero del Partido Conservador, con lo que obtuvo su curul en el Senado para el periodo 2026-2030.