Wadith Manzur se entregó en Bogotá tras orden de captura por el escándalo de la Ungrd

Este jueves se dio a conocer que el congresista del Partido Conservador Wadith Manzur se presentó ante las autoridades en Bogotá luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura en medio de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según información conocida por la justicia, el político acudió al búnker de la Fiscalía General de la Nación para cumplir con la orden emitida por la Sala de Instrucción del alto tribunal, que lo investiga por su presunta participación en un esquema de irregularidades relacionado con la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias en el país.

La investigación hace parte de uno de los procesos judiciales más sonados derivados del caso de la Ungrd, que desde 2024 ha destapado un entramado de corrupción, con presuntos sobornos y direccionamiento de contratos en el que han sido mencionados congresistas y exfuncionarios del Gobierno.

De acuerdo con la decisión judicial, Manzur será acusado por el delito de cohecho impropio, relacionado con la presunta aceptación de beneficios a cambio de actuaciones vinculadas a su función como congresista.

Por todo ello, la Corte Suprema ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el congresista, dentro de la investigación que involucra a varios funcionarios por supuestamente favorecer la asignación de contratos financiados con recursos públicos.

Cabe decir que una de las pruebas más contundentes del ente acusador contra Manzur es el testimonio de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides Soto, quien reveló los chats que le envió Wadith Manzur en 2023, siendo parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En estos, el funcionario fue muy insistente a la hora de hablar sobre los millonarios proyectos.

Cabe decir que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no solo dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el electo congresista Wadith Manzur, sino también contra la congresista Karen Manrique.

También acusó a otros tres legisladores y a un exparlamentario por el delito de cohecho impropio, tras advertir en un extenso expediente judicial que los procesados presuntamente aceptaron dádivas consistentes en obras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de comprometer sus funciones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para favorecer al Ministerio de Hacienda.

La Corte detalló el diseño de una red clientelar para asegurar los votos de las comisiones económicas, una operación que tuvo como autor intelectual al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, actualmente privado de la libertad.

La investigación concluyó que la actuación de Velasco y del exfuncionario Carlos Ramón González buscó garantizar la aprobación de cupos legislativos a cambio de direccionar la contratación estatal hacia los municipios de Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, utilizando recursos de la Ungrd.

Para materializar este desvío de dineros públicos, los parlamentarios sostuvieron reuniones sistemáticas con enlaces del Ministerio de Hacienda y la Ungrd, identificadas como María Alejandra Benavides y Carolina Joya, quienes facilitaron la transacción ilegal durante el segundo semestre de 2023, definiendo los montos exactos con los que el Ejecutivo beneficiaría a los legisladores.

Frente a la contundencia del material probatorio, la Corte ordenó la privación de la libertad de Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, congresistas recién reelectos que ahora serán suspendidos de sus cargos legislativos.

Manzur, quien aseguró su curul en el Senado por el Partido Conservador, negó cualquier vínculo con el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y explicó que las acusaciones en su contra respondían a una estrategia para silenciar su postura como opositor del Gobierno, argumentando que su interés en los proyectos de crédito siempre fue netamente técnico.

Por su parte, Manrique, representante por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de Arauca, rechazó las afirmaciones sobre la financiación de la guerrilla del ELN con dineros públicos, calificó los señalamientos como una mentira infundada que perjudicaba a su departamento y señaló su absoluta confianza en que el avance de las indagaciones demostraría su inocencia frente al desfalco.

La Sala se pronunció en el mismo proceso contra los legisladores Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como contra el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes enfrentarán el juicio por cohecho impropio en libertad.

El senador liberal Gallo desestimó enfáticamente los encuentros clandestinos, advirtió que jamás pisó las instalaciones de la entidad de riesgo y concluyó: “Mi teoría es que soy de la oposición, mi teoría es que quieren callarme o quieren amedrentarme, pero no lo van a conseguir”.