La Fiscalía General de la Nación informó que el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión impuesta, mediante preacuerdo, al exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Andrés Rodríguez Melo.
El exfuncionario fue condenado por su intervención en el direccionamiento de la contratación de carrotanques y obras de mitigación de emergencias en La Guajira, a cambio de una dádiva que ascendió a $1.000 millones .
El fallo de segunda instancia atendió un petición de la Fiscalía e impuso al sentenciado inhabilidad perpetua para el ejercicio de funciones públicas, informó la entidad.
La ofensiva judicial de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación contra el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres alcanzó, este mes de marzo, nuevas cabezas con la privación de la libertad de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes terminaron trasladados al búnker del ente acusador en Bogotá tras una orden de captura que engrosa la lista de políticos, altos funcionarios y contratistas procesados, entre los que destacan los expresidentes del legislativo Iván Name y Andrés Calle, así como los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal ordenó la medida de aseguramiento contra Manzur, del Partido Conservador, y Manrique, representante por las curules de paz, por el delito de cohecho impropio. Los legisladores terminaron recluidos tras entregarse a las autoridades para responder por su presunta participación en el desvío de recursos públicos y la recepción de beneficios a cambio de favores políticos.
Las acciones de esta semana revivieron el sismo institucional de mayo de 2025, cuando las autoridades capturaron a Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. La Corte Suprema los investigó y privó de la libertad por presuntamente recibir miles de millones de pesos de la entidad de emergencias a cambio de impulsar reformas gubernamentales en el Capitolio.
Este escándalo golpeó directamente al gabinete presidencial con la orden de captura intramural dictada a finales de 2025 contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior. Un tribunal los envió a la cárcel tras señalarlos como piezas clave para presuntamente comprar votos parlamentarios con dineros de la entidad.
A este grupo del Ejecutivo se sumó la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, detenida por su rol como emisaria de los pagos ilícitos. Por su parte, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exjefe de Inteligencia, Carlos Ramón González, huyó de Colombia y se radicó en Nicaragua.