El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional suscribieron un nuevo contrato por más de 185 mil millones de pesos para la producción y personalización de pasaportes, lo que constituye el tercer acuerdo con el mismo objeto firmado bajo la actual administración en medio de los cuestionamientos legales de la Procuraduría sobre la gestión de estos documentos.
El documento se cargó en la plataforma Secop II el pasado jueves 29 de enero a las 7:30 de la noche. El objeto contractual estipuló la obligación de “producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes”, además del manejo de las etiquetas de visa con lectura mecánica a precios unitarios .
El acuerdo lo firmaron Elvira Sanabria, en representación del Fondo Rotatorio, y Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, por un valor exacto de 185.374.493.464 pesos, impuestos incluidos.
El plazo de ejecución quedó pactado hasta diciembre de 2026, aunque el texto no especificó una fecha de inicio. La firma se dio en el contexto de una ejecución masiva de recursos por parte del Ejecutivo durante enero, mes en el que se realizaron más de 200 contratos y 9.000 nombramientos estatales.
Con esta nueva asignación presupuestal, el monto total destinado a la expedición de pasaportes durante este Gobierno ascendió a 1 billón 493 mil millones de pesos.
La cifra contrastó con la postura inicial del Ejecutivo, que declaró desierta la licitación ganada por la firma Thomas Greg and Sons bajo el argumento de buscar economía y transparencia.
La falta de capacidad técnica obligó previamente a contratar a Thomas Greg en dos ocasiones bajo la modalidad de urgencia manifiesta. El nuevo contrato dejó abierta la posibilidad de realizar una subcontratación adicional una vez venza el acuerdo vigente el próximo mes de abril, situación de la cual la canciller Rosa Villavicencio tiene conocimiento.
Este movimiento contractual ocurrió tres meses después de que la Procuraduría General de la Nación demandó el convenio interadministrativo previo entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El ente de control halló irregularidades de fondo y solicitó la nulidad absoluta de dicha alianza.
Actualmente, se espera la decisión sobre una medida cautelar que ordenaría la suspensión inmediata del convenio con los aliados portugueses. En este escenario, el contrato recién firmado por 185 mil millones de pesos funcionaría como una alternativa operativa del Gobierno en caso de que prospere la acción judicial en curso.