Gobernar por decreto, ¿la estrategia a la que ha recurrido Petro?

En los últimos meses el Gobierno Nacional se ha dedicado a producir decretos, sobre todo de orden económico, como parte de las políticas que ha querido implementar y que no ha podido sacar adelante en el Congreso.

Para algunos analistas, el presidente Gustavo Petro no ha tenido otra opción, pero para otros es evidente que su gobierno no ha estado dispuesto a negociar con los diferentes sectores de la sociedad colombiana.

Tras llegar a la Casa de Nariño, el Mandatario estableció alianzas con partidos ideológicamente opuestos, gracias a lo cual logró un mayor margen de maniobra y se avalaron reformas claves, como la primera reforma tributaria, en el 2022. Pero esto no duró mucho.

Para Juan Pablo Milanese, profesor de Ciencia Política de la Universidad Icesi, el deseo de obtener mayorías y hacer alianzas no es exclusivo de un gobierno de izquierda. “En Colombia, por lo menos en lo que va de este siglo, no existen gobiernos mayoritarios. Para poder serlo, tienen que construir coaliciones que tienen costo desde el punto de vista político”, señala y añade que, para el caso del actual Ejecutivo, ese ‘idilio’ se sostuvo gracias, en parte, a puestos claves de actores con amplia experiencia en estas transacciones, como Roy Barreras, quien ocupó la presidencia del Senado durante el primer año de este gobierno.

Su presencia, y la de figuras de peso como la del economista José Antonio Ocampo -primer ministro de Hacienda- contribuyeron para que la primera reforma tributaria pasara en el Congreso.

Sin embargo, la coalición, en la que estuvieron partidos como el Conservador y el Liberal, se disolvió a inicios del 2023, cuando Petro anunció su primer remezón ministerial, a propósito de la discusión de una de los más ambiciosos proyectos de su programa: la reforma a la salud presentada por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho.

Los enfrentamientos que se presentaron en este punto marcaron el fin del ‘idilio’ legislativo, poniendo de relieve el talante de ambos sectores: por un lado, un congreso que se distanció del Ejecutivo y, por el otro, un gobierno que se niega a aceptar el rechazo y busca herramientas como los decretos.

Como no hubo reforma a la salud, la Casa de Nariño expidió el Decreto 0858 de 2025 sobre el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo; tampoco hubo ley de financiamiento, entonces se respondió con impuestos, a través de la emergencia económica (Decreto 1471 de 2025), que acaba de ser suspendida por la Corte Constitucional.

“Lo que vemos es un gobierno muy reacio a negociar y mucho más dispuesto a imponer por decreto lo que no obtiene a través de estas negociaciones”, opina Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, consultora especializada en riesgo político.

En eso coincide el analista político Yann Basset, quien recuerda que la emergencia económica surgió luego de la no aprobación de la reforma tributaria en el Congreso, lo que demuestra el uso excesivo de esta herramienta.

“El Gobierno ha abusado de esta figura no solo por el número de decretos sino también por las justificaciones, como la idea de que la no aprobación de la reforma tributaria por el Congreso pueda justificar un estado de emergencia”, dice.

Para el analista político John Mario González, precisamente una de las características que se suma al ánimo confrontativo entre la Casa de Nariño y el Legislativo tiene que ver con el rasgo populista del petrismo.

“Este es un gobierno de naturaleza populista, lo que lo hace entrar en confrontación permanente. El reclamo permanente es que no lo dejan gobernar. Siempre los populismos le echan la culpa al otro”, asegura.

Legislar en año electoral

Decretos recientes, como el que aumentó en 23 % el salario mínimo y el que eliminó la prima especial de servicios para los congresistas, tendrían, a pocos meses de que se den los comicios parlamentarios y de Presidencia, un doble propósito, que acentúa las diferencias ya existentes en el Legislativo y busca confirmar el apoyo en las calles, de cara a futuros votos, dicen algunos analistas.

Para Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, estas son jugadas electorales: “El decreto que dice que le bajará el salario a los congresistas, más que ser la punta del iceberg de las malas relaciones entre el Gobierno y el Congreso, busca congraciarse con las masas populares, diciendo que va a quitarle parte de sus ingresos a estos, quienes, en términos de opinión, tienen muy mala imagen. Lo que se busca es un efecto electoral”.

En esto concuerda Juan Pablo Milanese: “Es una decisión efectista en un contexto electoral, puesto que el Congreso es una de las instituciones con mayor imagen negativa”.

Y añade que esta ha sido -como el uso de decretos- una apuesta por la que tanto la izquierda como la derecha se la han jugado: “Recuerdo, en su momento, a Paloma Valencia hablando sobre los altos salarios de los congresistas, incluso sobre el tamaño excesivo del Congreso. Lo que pasa es que, en su momento, no tuvieron el capital político para tomar una decisión de esta naturaleza”.

A esto se suma otra de las consecuencias del año en el que se elegirá la nueva Cámara de Representantes, así como otro Senado y el entrante inquilino de la Casa de Nariño: que la atención de los legisladores deja de estar en el Congreso para ubicarse en las campañas con las que buscan reelegirse o dejar sus cuotas en las curules que están próximos a entregar.

Según John Mario González, en este aspecto hay que considerar dos puntos: por un lado, lo que llama la “naturaleza dual” de los congresistas, inmersos en sus propias campañas en paralelo con su actividad legislativa, y el hecho de que históricamente el último año de cada Gobierno suele venir con una innegable debilidad en términos de continuidad electoral. Esta última circunstancia, según explica, no es el caso del actual Ejecutivo.

“Gustavo Petro, al final de su campaña, se ha fortalecido”, opina González, así sea usando la figura del decreto.

En esto también concuerda Milanese: “En la ciencia política, al último año de un gobierno que no tiene la posibilidad de ser reelecto se le conoce como el del síndrome del pato cojo, que es un pato difícil de cazar. Esto lo que señala es que el gobernante que está saliendo no está en la agenda de los personajes que entran (...) En el caso de Petro, esta idea es menos intensa, porque es un actor crucial para la campaña de Iván Cepeda”.

Pese a que la intensidad del debate parlamentario, de cara a los próximos meses vaya a ser menor, lo cierto es que en el Congreso persiste una intensa actividad, aun en tiempo electoral.

De hecho, el pasado 27 de enero sesionó en plenaria extraordinaria, con el propósito de adelantar el debate de control político a uno de los más recientes decretos firmados por el Presidente, el de la emergencia económica.

El citante fue el senador Carlos Fernando Motoa, quien aseguró que dicho decreto se dio como una respuesta a la derrota del Gobierno Nacional en la propuesta de reforma tributaria que presentó a finales del año pasado ante el Legislativo.

“El Gobierno dice promover el crecimiento de las regiones con este decreto de emergencia económica en el tema de las finanzas departamentales, pero la realidad es que recentraliza en materia fiscal los recursos que tienen los gobernadores, que son muy pocos, para atender las demandas en salud y en educación”, indicó el senador opositor.

En representación del Ejecutivo estuvo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien defendió la decisión asegurando que los nuevos impuestos recaerían sobre los más ricos del país, cuyos patrimonios oscilen entre $ 3000 millones y $ 102.000 millones, equivalentes al 0,8% de la población.

Más allá del cruce de mensajes y de la decisión de la Corte Constitucional, la respuesta de Benedetti representaría el espíritu confrontativo que persiste entre unos y otros, y que ha dado pie al abuso de esa herramienta en el ocaso de la era Petro: la emergencia económica provenía del hecho de que el Congreso no aprobó la reforma tributaria presentada por el oficialismo.