Durante el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, una de las entidades vinculadas a esa cartera dejó firmado un contrato por hasta $30.275.999.986 para garantizar la continuidad del programa Jóvenes en Paz, una de las apuestas sociales impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El contrato fue suscrito entre el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad) y la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S. Su objeto es suministrar el talento humano requerido para la ejecución del programa durante los próximos cuatro meses.
El documento establece la vinculación de 1.270 trabajadores en misión, quienes estarán distribuidos en diferentes áreas relacionadas con la operación del programa, incluyendo funciones de dirección, apoyo gerencial, atención a jóvenes en contextos críticos y equipos territoriales encargados de implementar la estrategia en distintas regiones del país.
La mayor parte del personal contratado corresponde al componente operativo. En total, 1.016 personas harán parte del Equipo Territorial, responsable de la ejecución directa del programa. Además, se contempla la contratación de 164 profesionales para la atención integral de jóvenes en contextos críticos y de emergencia social, 75 funcionarios para la Unidad de Gestión y 15 integrantes del Equipo Gerencial de Apoyo.
La existencia del contrato fue divulgada por el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien cuestionó que el compromiso presupuestal se hubiera adquirido mientras el Ministerio de la Igualdad atraviesa su proceso de liquidación. A través de sus redes sociales, el congresista aseguró que con este contrato quedaron “amarradas” 1.270 personas mediante una empresa de servicios temporales y lanzó críticas sobre la forma en que se está desarrollando el cierre de la entidad.
El contrato busca asegurar la continuidad de Jóvenes en Paz, un programa del Gobierno nacional dirigido a jóvenes en condición de vulnerabilidad y orientado a promover procesos de inclusión social, formación y acompañamiento integral en territorios priorizados.
La contratación se conoce en un momento en que el Ministerio de la Igualdad adelanta el proceso de liquidación ordenado por el Gobierno nacional, luego de que la Corte Constitucional encontrara vicios de trámite en la ley mediante la cual fue creada la cartera. Como parte de ese procedimiento, varias de sus funciones y programas deberán ser reasignados a otras entidades del Estado para garantizar su continuidad.
Hasta el momento no se ha informado que el contrato haya sido suspendido o modificado, ni el Ministerio de la Igualdad o FonIgualdad han emitido un pronunciamiento sobre los cuestionamientos surgidos tras la divulgación del documento.