Fiscalía archiva investigación contra Álvaro Uribe por supuestos pagos a exparamilitares tras ocho años de indagación

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró la decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar una investigación relacionada con el supuesto pago de dinero a antiguos integrantes de grupos paramilitares para que modificaran sus declaraciones judiciales y favorecieran al exmandatario en actuaciones relacionadas con el senador Iván Cepeda.

El pronunciamiento fue realizado este sábado 14 de noviembre por el abogado Jaime Granados, defensor principal de Uribe, quien cuestionó el tiempo que permaneció abierta la investigación y aseguró que la decisión representa una rectificación frente a los señalamientos que enfrentó su cliente durante varios años.

“En algunos casos a la justicia le toma casi 10 años enderezar el camino que otros le torcieron. Seguiremos defendiendo la democracia y confiando en las instituciones. Nunca es tarde para rectificar la persecución”, expresó Granados a través de su cuenta en la red social X.

El abogado también manifestó que, a su juicio, todavía existen otros procesos contra el expresidente que considera infundados.

“La deuda no se ha saldado, aún se sostienen muchos procesos con hilos tejidos desde la oscuridad. Aunque la justicia nos ha sido esquiva tantas veces, esperamos que pronto nos encuentre”, agregó.

La decisión de la Fiscalía se conoció después de ocho años de actuaciones investigativas que tuvieron su origen en febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias para que se investigara al entonces senador Álvaro Uribe por posibles irregularidades relacionadas con testimonios de antiguos integrantes de las autodefensas.

¿Por qué la Fiscalía archivó la investigación contra Uribe?

La determinación fue adoptada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain, quien concluyó que los elementos recopilados durante la investigación no permitieron establecer la existencia de los hechos denunciados.

Uno de los principales aspectos examinados estaba relacionado con las declaraciones del exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, quien hizo señalamientos sobre supuestos pagos a Ramiro de Jesús Henao Aguilar, conocido con el alias de ‘Simón’, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’.

Según las versiones que dieron origen a la investigación, estos antiguos integrantes de grupos paramilitares habrían recibido dinero para modificar sus declaraciones judiciales.

Las acusaciones mencionaban posibles pagos que alcanzarían los 300 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con la resolución de la Fiscalía, los señalamientos no estuvieron respaldados por documentos ni elementos probatorios suficientes.

El ente investigador también realizó verificaciones patrimoniales y financieras con apoyo de entidades como la DIAN, Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro.

Estas diligencias incluyeron la revisión de operaciones inmobiliarias, escrituras públicas, transacciones y movimientos relacionados con propiedades ubicadas en Cimitarra, Santander.

Después de examinar la información y contrastarla con las declaraciones que habían motivado la investigación, la Fiscalía concluyó que no encontró una relación entre las operaciones económicas revisadas y los supuestos pagos por testimonios.