El presidente Abelardo De La Espriella presentó un conjunto de reformas estructurales dirigidas a reducir la carga económica que enfrentan los conductores en Colombia.
La estrategia apunta a recortar los costos fiscales y los gastos vinculados a la movilidad, con cambios que van desde las sanciones de tránsito hasta los trámites obligatorios de documentación que históricamente han recaído sobre los dueños de vehículos.
Uno de los ejes centrales del anuncio tiene que ver con el valor de las sanciones.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario fue directo sobre su intención de llevar la propuesta al Legislativo: “Voy a proponer al Congreso reducir hasta en un 50 por ciento el valor actual de las multas de tránsito. Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana”.
El plan del Ejecutivo también contempla ajustar el esquema de la revisión técnico-mecánica, así como el plazo inicial que aplica para los vehículos nuevos. Dicho periodo había sido reducido a cinco años en normativas anteriores, y la intención del Gobierno es modificarlo para aliviar lo que considera cobros excesivos para los ciudadanos.
Otro de los frentes de la propuesta apunta directamente a los sistemas tecnológicos que operan en las vías. La administración busca endurecer los requisitos para autorizar las cámaras de fotodetección y, al mismo tiempo, fijar reglas estrictas para la calibración de estos equipos. El propósito es evitar cobros erróneos originados en mediciones defectuosas que terminan afectando a los conductores.
El universo de los trámites obligatorios no queda por fuera de la reforma. Según el anuncio, las licencias de conducción serán sometidas a un proceso orientado a eliminar costos adicionales en su expedición y a ampliar su vigencia hasta un plazo de ocho o diez años.
En la misma línea, el Gobierno ordenó una revisión integral del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y del Sistema Simit, con el fin de detectar duplicidades y suprimir o reducir de manera sustancial las tarifas que los ciudadanos deben pagar al adelantar diligencias en estas plataformas.
El paquete incluye además una transformación en el funcionamiento de los Centros Integrales de Atención, con miras a eliminar las barreras que, según el Gobierno, habrían favorecido la formación de monopolios en la oferta de los cursos de descuento.
La meta es rebajar en una cuarta parte el costo de estos programas y permitir que las propias autoridades de tránsito los dicten de manera directa, dejando atrás requisitos previos como el esquema de casa cárcel.
Al cerrar el anuncio, el presidente De La Espriella dejó clara la filosofía detrás de las medidas con un mensaje contundente en su cuenta de X: “no voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar”.
Con este conjunto de propuestas, buena parte de las cuales deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, el Gobierno busca marcar un giro en la relación entre el Estado y los conductores del país, apostando por reducir los costos que durante años han pesado sobre los propietarios de automotores.