Sin duda la mayor frustración del Estado colombiano en el marco de la lucha contra el narcotráfico es no haber logrado estructurar, más de 30 años después de la caída de los carteles de Cali y Medellín, una política encaminada a la disposición y/o preservación de los bienes incautados.

Cientos de apartamentos, edificios, oficinas, casas y lotes que habrían representado una fortuna para las arcas de la Nación, reducidos a escombros en el Valle del Cauca y el resto del país, como muestra de la ineficacia sistemática de gobiernos sin visión y sin ambición.

El resultado de esa falta de voluntad, como lo demostró el informe exclusivo publicados dos semanas atrás por El País, quienes han sacado beneficio son los oportunistas y buscadores de tesoros que llevan hasta hoy tres décadas martillando paredes y pisos, extrayendo elementos de valor y buscando supuestas caletas con joyas y dinero.

Una cultura de dinero fácil fomentada por la ineficacia administrativa de un Estado que condenó a la ruina la casa de Santa Mónica donde fue capturado Gilberto Rodríguez Orejuela; la réplica del Club Colombia, que construyó José Santacruz; el edificio de la Calle 5 con 66, desmantelado en su totalidad, y las derruidas casas campestres de Pacho Herrera en el Lago Calima, entre otros.

Más vergonzoso aún, es que la custodia de esos bienes quedó en cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), liquidada por graves escándalos de corrupción política, y en su lugar se creó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que no ha tenido un destino distinto.

Así las cosas, los directivos de la DNE y la SAE han estado más ocupados defendiéndose en el marco de procesos penales y disciplinarios en su contra, que defendiendo unos bienes que han pasado ya a convertirse en un detrimento al patrimonio público.

Si algo ha quedado claro en los últimos 30 años que lleva el Estado en poder de bienes productos de extinción de dominio, es que Colombia requiere una reforma profunda y ajustada a las nuevas realidades, no un cambio de nombre a una entidad cuestionada donde cada gobierno pone a otro ratón a cuidar el mismo queso.

Basta con conocer casos de países vecinos donde las propiedades confiscadas han sido convertidas en herramientas de transformación social o se apura la venta para evitar la depreciación, para entender que en Colombia son otros los intereses y no ha existido voluntad real de cambio.

Sobre todo cuando el anhelo de la paz se ha centrado en la atención y la reparación integral a las víctimas que ha dejado el mismo conflicto armado, en su gran medida fomentado por los carteles de la droga y las organizaciones al servicio del narcotráfico.

Y es cierto que mantener bienes improductivos es costoso; eso se supo desde los años 90. Pero es justa esa la razón principal por la que se debió haber creado un marco jurídico que permitiera conservar estos bienes o sacar el mejor provecho económico de ellos.

Es por eso absurdo, incluso vergonzoso, que tres décadas después de que estas propiedades pasaran a manos del Estado, la excusa de los funcionarios para no asumir responsabilidades siga siendo la misma: que administrar más de 30.000 bienes inmuebles es casi imposible.

Mientras siga siendo esa la mentalidad de quienes dirigen estas entidades, las otrora mansiones millonarias que se hunden en la maleza, más que recordar el poderío de los carteles del narcotráfico, quedarán como testimonio del fracaso del Estado en su papel como administrador.