Es sabido que los ciudadanos del común, las empresas y los emprendimientos particulares están hoy en aprietos por el aislamiento que lleva 36 días. Lo que debe conocerse es el esfuerzo económico que ha debido realizar el Estado en todos sus niveles para atender la emergencia, y las medidas que se deben tomar para racionalizar los recursos con que cuenta.

Lo claro por ahora es que el de hoy es un país totalmente distinto a aquel en el cual se acordó el Plan de Desarrollo Nacional, que demanda rehacerlo y tomar las decisiones que correspondan para reorientar la actividad y los recursos oficiales. En otros términos, además de la salud que seguirá amenazada por el Covid-19 hasta tanto se consigan las vacunas y sean aplicadas a los colombianos, se ha producido una parálisis cuyas consecuencias se ven en la caída de la economía, en los aumentos de los subsidios, donaciones y asistencia social a millones de colombianos en precarias condiciones.

Y guardadas las proporciones, los municipios y departamentos atraviesan también por una emergencia de grandes dimensiones. Esas entidades han hecho esfuerzos admirables por entregar alimentos y atención a los sectores que más lo necesitan, y sus ingresos provenientes de los impuestos y contribuciones o de los servicios públicos que prestan han sufrido los rigores de la emergencia como los de todas las empresas.

Hay pues una nueva realidad fiscal que debe ser reflejada en el gasto público y, en especial, en los planes de desarrollo que debieron presentar los gobernadores y alcaldes elegidos el pasado 27 de octubre. Ya está claro que los presupuestos que se aprobaron para la presente vigencia no pueden ser aplicados, y que la situación reclama una planificación de largo plazo para poder responder a esas nuevas circunstancias.

En ese panorama, es notorio también el interés de los órganos de control por perseguir los abusos y desfalcos que se han realizado a todo nivel, aprovechando la emergencia, así como las advertencias que les envían a todos los funcionarios que tienen en sus manos la poderosa herramienta de la urgencia manifiesta. Debe hacerse mención de la maraña de contratos de prestación de servicios con los que se pagan las alianzas políticas, usados también para transar el control político o el que realizan las contralorías regionales o locales y las personerías.

En resumen, estamos ante un nuevo país con un panorama muy distinto que necesita saber en qué condiciones están las finanzas públicas y cuáles serán sus objetivos a partir de ahora. Es el momento para realizar otros presupuestos y fijar las metas de inversión y subsidio que el Estado podrá asumir para impulsar la reactivación y el regreso a la normalidad que, valga la oportunidad para decirlo, está muy distante en el tiempo y será muy difícil.

Para todo eso debe prepararse el sector público. Es el momento de abrir espacio para planear de nuevo la acción del Estado, para romper los lazos que atan su funcionamiento al cumplimiento de compromisos clientelistas, hacer prevalecer los principios éticos y morales y atender las necesidades de los colombianos.