Luego de concluir el que ha sido el año más violento del trienio que lleva Gustavo Petro al frente de la Presidencia de la República, el 2026 trae el enorme reto de recomponer el camino en materia de seguridad y orden público, la asignatura en rojo del primer Gobierno de izquierda en Colombia.
Y un paso fundamental en ese propósito es reconocer que la Paz Total ha sido una política estéril y que hay que corregir de manera urgente; de nada servirá centrar los esfuerzos de la Casa de Nariño en tratar de justificar un modelo fallido al que hace buen rato se le ven las costuras.
Las cifras oficiales en materia de seguridad y orden público confirman que en el 2025 se elevaron el número de homicidios, los ataques contra uniformados de la Fuerza Pública, el asesinato de líderes sociales y las masacres, entre otros hechos violentos.
Un año en el que volvieron a asustar fantasmas del pasado como el desplazamiento, el secuestro, la toma de municipios, los paros armados y los actos terroristas perpetrados por los mismos grupos que en estos tres años han fortaleciendo su capacidad militar y el control territorial en distintas zonas de país, mientras el Gobierno Nacional, con las manos vacías, lleva el mismo tiempo implorando gestos de paz.
Con ese panorama, el principal reto será, sin duda, fijar una política de seguridad urbana centrada en mayores presupuestos e inversiones en tecnología, así como en el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública en las diferentes regiones de la geografía nacional para tratar de revertir la cifra de 12.484 homicidios con la que cerró el 2025, el año más violento en la era Petro.
Recuperar la confianza y la moral de los hombres de las Fuerzas Armadas debe ser también un propósito en este 2026, luego de un año en el que las entidades castrenses debieron sepultar a 202 de sus uniformados, sumados 106 policías y 96 militares asesinados, también la estadística más alta en la última década.
Esa confianza será crucial para la recuperación del control territorial por parte de las Fuerza Pública. Entre otras razones, porque regiones en disputa como el Catatumbo, el norte del Cauca, Arauca, el sur de Bolívar y parte del Chocó fueron los lugares donde se vivió con más esperanza el sueño derivado del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, y así lo confirmaron con su apoyo al triunfo electoral de Gustavo Petro, quien se comprometió en campaña con su implementación.
Sin embargo, son las mismas regiones en las que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, registró en el 2025 el asesinato de 187 líderes sociales en Colombia y la muerte violenta de 39 firmantes de la Paz. Toda una contradicción.
Por el bien del país y del Ejecutivo nacional, el año que inicia deber ser el de la reivindicación y la puesta en marcha de una política pública de seguridad que ponga fin a la espiral de violencia que trajo la supuesta puesta en marcha de la Paz Total.
Restan solo ocho meses de este Gobierno y seguir intentando imponer unas negociaciones con los grupos armados ilegales a cualquier precio puede tener un costo político muy alto, sobre todo en medio de la campaña electoral para elegir Congreso y Presidente de la República, y en la que la seguridad será, sin duda, el gran tema de debate.