Combatir las prácticas que le hacen daño a la política colombiana y tomar medidas para fortalecer la democracia en el país fueron dos de los asuntos con los que el hoy presidente Gustavo Petro se comprometió durante la pasada campaña electoral. Sin embargo, para muchos sectores, incluidos varios de la coalición que rápidamente él logró conformar una vez llegó a la Casa de Nariño, la reforma política que se acaba de aprobar en su primera vuelta en el Congreso de la República está lejos de cumplir con ese cometido.

Esto, porque a buena parte de los colombianos les cuesta entender que un Mandatario que justamente se hizo al poder en virtud de los beneficios que las últimas reformas les habían otorgado a las minorías políticas, ahora esté propiciando que los grandes partidos políticos puedan establecer alianzas al momento de los comicios que, por supuesto, atentarían contra la pluralidad democrática.

Pero ese no es el único asunto que ha generado polémica, en medio de los ires y venires del proyecto de acto legislativo por las comisiones y las plenarias tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Basta mencionar que el Gobierno Nacional pidió expresamente quitarle a la Procuraduría General las facultades para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular, tales como alcaldes y gobernadores.

Y si bien en casos como el de Jorge Iván Ospina, en Cali, el Ministerio Público ha mostrado muy poca diligencia al investigar denuncias sobre corrupción en administraciones locales y regionales, retirarle esas funciones al ente de control bien puede terminar por incentivar la comisión de delitos por parte de funcionarios inescrupulosos.

También existe la percepción de que este Congreso está buscando legislar en beneficio propio. Así lo asumieron incluso varios legisladores oficialistas que ayer se retiraron de la plenaria donde al final de la jornada se aprobó la conciliación de la reforma política, en su primera vuelta, tras rechazar la inclusión de un parágrafo que les garantiza a los actuales representantes y senadores que para las próximas elecciones encabezarán las listas de sus partidos, por encima de las consideraciones de paridad de género convenidas.

Es evidente entonces que, lejos de implicar la eliminación de nocivas prácticas que terminan por alejar a los ciudadanos de procesos tan importantes para la democracia como la participación electoral, el proyecto de reforma política que deberá retomar el Congreso en marzo del próximo año, terminó siendo, hasta ahora, una colcha de retazos que poco aporta a la solución de los problemas estructurales que aquejan al ejercicio de la política y a los partidos en Colombia.

El país queda a la espera de que se planteen iniciativas que realmente pongan sobre la mesa estrategias tendientes a transformar las instituciones encargadas de organizar y vigilar el sistema electoral vigente y pongan coto a quienes han hecho de la política una empresa destinada a su beneficio particular, muy lejos de los intereses colectivos de la sociedad.