La protección del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tiene que estar garantizada por las Fuerzas del Orden y el Gobierno Nacional. Lo que está en juego son en primer lugar la vida e integridad de los Mandatarios, pero así mismo la democracia colombiana que no puede estar de nuevo bajo la amenaza de la violencia y del terrorismo que ejercen las organizaciones criminales que operan en el territorio patrio.

En medio de la conmoción por el ataque terrorista del pasado jueves 21 de agosto en Cali en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, se conocieron los planes para atentar contra el Alcalde y la Gobernadora.

Según informes de las autoridades, confirmados por los dos gobernantes, detrás de las intimidaciones estaría la estructura Jaime Martínez de las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, la misma a la que se le atribuyen los atentados de los meses recientes en la ciudad, incluidos los perpetrados el 10 de junio en los barrios Los Mangos, Manuela Beltrán y Meléndez de la capital del Valle. Las capturas relacionadas con estos hechos permitieron conocer las intenciones del grupo al margen de la ley.

El rechazo a esas amenazas debe ser colectivo, así como la exigencia al Estado para que salvaguarde la vida de los Mandatarios. Es una realidad que el crimen organizado busca desestabilizar a un departamento que es crucial para sus negocios ilegales así como a la ciudad a la que han convertido en epicentro de sus operaciones.

Las intimidaciones son también la forma en que esos grupos violentos buscan acallar a quienes desde las regiones han alzado con fuerza la voz en rechazo por sus acciones terroristas, los han perseguido sin descanso hasta debilitar sus células urbanas y no se amedrentan frente a las provocaciones.

No cabe duda, además, que lo que se pretende al poner bajo su mira a quienes representan la voluntad popular y fueron elegidos por las mayorías, es atentar contra la democracia misma y contra el Estado Social de Derecho que rige en Colombia.

Por ello hay que cerrarles de una buena vez ese espacio que les abrió el gobierno de Gustavo Petro con su política de la paz total, en la que sigue empecinado, y que solo ha servido en estos tres años para permitir a grupos como las disidencias de las Farc, la delincuencia organizada como los Shottas y Espartanos, organizaciones criminales como el Clan del Golfo, entre muchos otros, fortalecerse y expandirse.

A Cali y al Valle del Cauca, al igual que al resto del suroccidente colombiano, se les tiene que blindar contra la violencia y contra las amenazas que hoy padecen sus mandatarios. Para ello es inaplazable que la Nación fortalezca la presencia de las Fuerzas Armadas en la región, tal como se lo han solicitado en múltiples ocasiones la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder.

Ni un solo ataque terrorista más, ni un solo muerto más, ni una sola intimidación más es lo que exigen hoy caleños y vallecaucanos.