A ocho días del balotaje presidencial en Colombia que definirá a quién manejará el rumbo del país en los próximos cuatro años, es necesario hacer un llamado a la prudencia dirigido tanto a las dos campañas presidenciales como a funcionarios públicos de alto nivel y también a la ciudadanía. Además de pedir que, en lo poco que queda de contienda, se baje el nivel de agresión verbal, es indispensable que las autoridades garanticen la tranquilidad y la seguridad nacional una vez se conozcan los resultados finales.

Toman más fuerza con el paso de los días los rumores y alertas sobre posibles protestas sociales violentas, particularmente en Cali y el Valle, según sea el desenlace de la elección presidencial. Es el fantasma que sigue rondando a la región cinco años después de que el paro de 2021, que se esperaba amplio pero pacífico, terminara en 60 días de acorralamiento a la fuerza de la ciudad y de buena parte del departamento, de enfrentamientos mortales, destrucción de bienes públicos y la confirmación, tiempo después, de la injerencia de actores externos que pagaron y movieron sus fichas para generar el caos y desafiar el Estado de derecho.

Lo que debería proceder en estos momentos es un parte de tranquilidad de las autoridades caleñas y vallecaucanas, así como desde el mismo Gobierno Nacional, que está llamado a preservar el orden en todo el territorio patrio. Pero también debe alzarse la voz desde las campañas políticas, tanto del candidato Iván Cepeda como del candidato Abelardo de la Espriella, llamando a sus huestes a aceptar lo que las mayorías ciudadanas decidan el 21 de junio, no importa quién sea el ganador de esta segunda vuelta.

Si desde los equipos de quienes se disputan la Presidencia de la República hay de inmediato un mensaje contundente de aceptación, de calma y de tolerancia aun cuando los resultados de los comicios les sean adversos, será posible evitar que los rumores se conviertan en realidad.

Preocupan, sin duda, los eventos aislados pero violentos que se han sucedido en inmediaciones de dos de las universidades públicas de la región, específicamente en Cali y Palmira, con el lanzamiento de bombas molotov, quema de vehículos y disturbios, al igual que la convocatoria a un paro estudiantil en la Universidad del Valle hasta tanto se realicen las elecciones presidenciales, propuesta que, valga la pena decirlo, no caló bien en gran parte del estudiantado que no quiere retrasar bajo ningún motivo la culminación de su semestre.

Así mismo, son motivo de inquietud los videos que circulan en redes sociales sobre la presunta conformación en Cali de grupos de civiles armados que se declaran listos a defender la ciudad de nuevas protestas. Pueden ser parte de las noticias falsas o manipuladas que hoy inundan las plataformas digitales, que pretenden generar miedo y llevar al descontrol.

En todo caso es urgente que las autoridades locales y regionales estén preparadas, brinden las garantías necesarias e informen a la ciudadanía sobre sus planes de seguridad para garantizar la tranquilidad en todo el territorio vallecaucano, incluida su capital, tanto durante el proceso electoral final que se avecina el domingo de la próxima semana como en los días posteriores a los comicios, cuando se conozcan los resultados oficiales de los escrutinios. Responsabilidad que recae en primer lugar en el actual Gobierno Nacional, que debe estar a la altura de las circunstancias y ordenar a sus Fuerzas Armadas preservar el orden en todo el país.

A caleños y vallecaucanos hay que pedirles que sus diferencias políticas se queden exclusivamente en las urnas una vez estas se cierren. Será la voluntad de las mayorías la que decida a quién se le entregará el honor y el deber de conducir a Colombia en el siguiente cuatrienio, ojalá en un ambiente menos polarizado y en el que prime el interés patrio por sobre todo lo demás.