Los actos de violencia que se siguen presentando dentro y fuera de los estadios colombianos dan a entender que el partido con los llamados barras-bravas, o se perdió definitivamente, o se está perdiendo y por goleada.
De otra manera no se le puede llamar al triste panorama que se sigue viendo alrededor de un deporte que está llamado a entretener, y que también es considerado el mejor vehículo para disfrutar y/o escapar de tanto agobio que vive el país en otros menesteres.
Y ahí es donde la situación preocupa, porque a los continuos actos de violencia que sufre Colombia por el tema político, además de la arremetida de las disidencias en diferentes regiones del país, se suma ahora, quién lo creyera, a la barbarie de unos mal llamados hinchas del fútbol.
No es necesario echar la mirada al pasado para recordar los muertos que han cobrado los enfrentamientos entre hinchas de uno y otro equipo, y mucho menos para revivir las batallas campales en que se han convertido los estadios del país.
No nos vamos muy lejos: hace poco, durante el partido América-Millonarios, en el Pascual, una de las tribunas del estadio sirvió de sede para una confrontación entre los mismos hinchas del equipo rojo de Cali.
Y el fin de semana pasado, la violencia cambió de escenario y se tomó una grada del estadio del Deportivo Cali, antes y durante el compromiso frente al América.
Lo más grave es que la voracidad por los actos violentos de parte de unos desadaptados no terminó una vez el clásico llegó a su fin. Continuó en las afueras con la agresión hacia el bus que transportaba al América hacia su sitio de concentración, con una lluvia de piedras que puso en riesgo la vida de quienes iban en el vehículo.
Y eso lo ha sufrido el Deportivo Cali, Nacional, Millonarios, Junior y otros equipos, en diferentes escenarios, sin que hasta el momento haya alguna decisión de fondo para neutralizar a los vándalos.
Aquí caben varias preguntas: ¿Quién o a quiénes benefician estos hechos violentos en el fútbol colombiano? ¿Por qué no ha progresado en el Congreso una ley que castigue con dureza a los barras-bravas como sí la hay en Europa? ¿Por qué la Dimayor no continuó con la carnetización de los hinchas para identificar a los que van a los estadios? ¿Los equipos siguen regalando boletas a las barras populares? ¿Hay complicidad entre quienes manejan la parte logística de los equipos en los estadios para permitir el ingreso de cuchillos y demás armas? ¿Los controles que hacen las autoridades sí son suficientes?
Son muchas las preguntas que no tienen respuesta porque el fútbol colombiano optó por lo más fácil y es repetir lo de las autoridades después de un carrobomba o de una arremetida de las disidencias en cualquier región del país: hacer un consejo de seguridad, tomar algunas medidas que no ayudan mucho y... hasta el próximo hecho de violencia.
Es necesario que aparezca un líder, sea de los equipos o del mismo Congreso, que proponga sin más espera una ley que permita combatir con todas las herramientas posibles a los vándalos, y erradicarlos definitivamente de los estadios.
Si siguen los pañitos de agua tibia y la complicidad o el silencio de los actores vinculados al fútbol, el terror seguirá dentro y fuera de los estadios, perjudicando seriamente el espectáculo, alejando de los escenarios a los verdaderos hinchas y, lo más preocupante, afectando lo que para la mayoría de los directivos es un negocio redondo.