Ante las necesidades y los cambios que han surgido en el último año, no es sorpresa que el gobierno de los Estados Unidos anuncie la reducción de las sanciones y limitaciones que ha impuesto a Cuba y Venezuela. Lo importante ahora es que esos alivios se reflejen en una reducción real en las medidas que restringen la democracia y la libertad, así como en la contención de actuaciones e intervenciones que afectan la situación de Colombia y el resto de Latinoamérica.
Cuando se habla de las relaciones de Estados Unidos con esos dos países debe recordarse que el hoy mandatario de ese país fue el vicepresidente de Barack Obama, quien promovió la apertura con Cuba, viajó a ese país en visita oficial y tomó las medidas más audaces de los últimos cincuenta años con respecto al régimen castrista. Y le correspondió enfrentar la crisis energética consecuencia de la guerra en Ucrania, por lo cual envió sus delegados para negociar con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Con esos antecedentes, no era difícil anticipar que de nuevo fueran cambiadas las restricciones que el sucesor de Obama, Donald Trump, aumentó en el bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba hace sesenta años, ahora justificados en las limitaciones que el régimen comunista aplica a las libertades de los cubanos y a sus derechos humanos. Y que es necesaria la reducción de ciertas prohibiciones que, sin duda y durante muchas décadas, han afectado en primer lugar al pueblo cubano y las posibilidades de que los emigrantes puedan apoyar a sus familias, que debieron quedarse en la isla.
Lo que sí es un cambio notable, en especial para Colombia, es el anuncio de relajar las sanciones a la dictadura que manda en Venezuela. Y no hay manera de evadir la relación que ese cambio tiene con la posibilidad de revivir la industria petrolera, la exploración y explotación de los hidrocarburos por empresas estadounidenses, lo que debe asegurar el suministro de combustibles en medio de la crisis originada en la invasión de Ucrania por Rusia, uno de los grandes aliados del régimen de Maduro.
Esa es la ‘real politik’ que pone los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos por encima de otras consideraciones como el regreso de la democracia. Para efectos de entender la novedad que ocasionará el cambio anunciado por el gobierno de Biden, debe destacarse que tal relajamiento se ha condicionado a la reactivación de los diálogos que hace un tiempo se establecieron en México entre la dictadura de Maduro con la oposición, los cuales languidecieron por falta de compromiso y ausencia de voluntad para restablecer la dictadura.
Sin embargo, debe preguntarse si tales cambios en la política estadounidense frente a Venezuela tendrán efectos reales para llevar de nuevo la democracia a ese país, y si en ellas está incluida la posibilidad de limitar el respaldo del régimen de Maduro a las organizaciones criminales que aprovechan su protección para atacar a Colombia e incentivar el narcotráfico. Son preguntas que quedan en el aire, respetando la autonomía del Gobierno de los Estados Unidos para definir sus relaciones internacionales.