Se esperaba que el jefe máximo de las antiguas Farc dijera la verdad sobre el reclutamiento de menores en su organización y a través de cincuenta años. No fue así, por lo cual ya se sabe que su estrategia está dirigida a esperar que lo venzan en juicio o que declaren a él y a la organización que dirigió como inocentes de esa atrocidad.

El acuerdo de La Habana llegó a una solución en materia judicial, que en su momento desencadenó polémicas y produjo hasta una crisis en la comisión negociadora del Gobierno, ante las concesiones que se otorgaron. Fue la apelación a la Justicia transicional basada en la verdad y la reparación a las víctimas de parte de quienes se acojan a la Jurisdicción de Paz, a cambio de lo cual se aplicarán sanciones excepcionales.

En otros términos, la solución política se puso por encima de la Justicia ordinaria y el código penal que en Colombia y el resto del mundo aplica penas ejemplares a los responsables de delitos atroces, crímenes de guerra y conductas que atentan contra la dignidad de los seres humanos.
El presupuesto fundamental es que los beneficiarios digan la verdad y asuman las responsabilidades individuales y colectivas de sus hechos, actos esenciales para darle sentido a la solución política y para responder ante la sociedad.

No fue así cuando se habló de los secuestros cometidos por las Farc contra miles de personas y por razones que ya no son del caso analizar. Tampoco lo fue en el momento en el cual los dirigentes de las Farc comparecieron ante la JEP para responder por las acusaciones de violencia sexual y los crímenes relacionados. Y ahora, el jefe de la antigua guerrilla desconoció ante el mismo tribunal todas las evidencias que existen sobre el reclutamiento forzado de niños y niñas, de menores de edad que fueron llevados a la fuerza para engrosar las filas de su maquinaria de guerra.

Hoy es imposible calcular el número de personas que fueron arrancadas de sus hogares casi todos campesinos, para que formaran parte de la guerrilla. Las pruebas están en multitud de documentos, declaraciones, videos, en personas que narran la tragedia que vivieron durante lo que puede llamarse la esclavitud que padecieron y los vejámenes a los que fueron sometidas. Incluso, y como lo dijo el declarante, viven en decenas de sus compañeros de dirección de las Farc.

Negar esas evidencias públicas es desconocer el compromiso que dio vida a la JEP, y poner en tela de juicio la solución política, a los recursos que ofrecen los códigos para esperar a que los jueces prueben en un proceso jurídico lo que es una verdad sabida, la responsabilidad de las Farc en el reclutamiento de menores. En otros términos, es cambiar la solución política que ofreció el acuerdo por un debate judicial en el cual, sin la menor de las dudas, se tendrán que aplicar las condenas y las penas que establece la ley colombiana.

La declaración ante la JEP de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ en las Farc, tendrá consecuencias jurídicas. Pero ante todo, le causa un grave daño a la confianza y la credibilidad en el acuerdo negociado en La Habana y ratificado en el Teatro Colón.