Como lo reveló un reciente informe publicado por El País, Cali tiene varios pendientes en materia de educación, especialmente en términos de deserción, calidad e infraestructura, lo que obliga a hacer un llamado de atención a los actores implicados en el compromiso de ofrecerles la mejor enseñanza posible a los niños y los adolescentes de la capital del Valle.
Pero es claro que esa meta no se está cumpliendo si la media nacional de los estudiantes que no volvieron a clase está en 3,9 % y en la ciudad alcanza el 5 %. Y la preocupación aumenta cuando la Encuesta de Opinión realizada por la Fundación Empresarios por la Educación arroja que el 72 % de los docentes públicos de la ciudad atribuyen esa deserción de los colegiales a la violencia, el acoso y el consumo de sustancias psicoactivas.
Ese hallazgo lo que deja en evidencia es que la niñez y la juventud caleñas están siendo víctimas de problemas realmente graves, que requieren ser atendidos de manera urgente por las autoridades educativas de Cali, primeras responsables de que los procesos de enseñanza no se vean alterados por factores externos como la inseguridad o el incumplimiento de las condiciones sociales a las que los escolares tienen derecho por encima del resto de la población, dado que son menores de edad.
Pero hay otro asunto igualmente importante que involucra también a los sindicatos de docentes, los colegios privados e incluso a la academia y el empresario y es la calidad de la enseñanza que están recibiendo los estudiantes de la capital del Valle. El hecho de que Cali esté cuatro puntos porcentuales por debajo de la media nacional en los resultados de las pruebas Icfes debe llamar a la acción de cada uno de esos actores, no porque se trate de una competencia con otras urbes del país, sino porque no es posible concebir el desarrollo de una ciudad sin garantizar el bienestar de sus habitantes, y eso pasa por brindarle la mejor educación posible a sus niños y adolescentes.
Un objetivo que no se logrará mientras 245 de las 338 sedes educativas de capital vallecaucana necesiten algún tipo de intervención en su infraestructura, como se consignó en el informe publicado por este medio de comunicación. Y está bien que la Secretaría de Educación Distrital reconozca que ese es un aspecto a corregir a través del empréstito que el Concejo le aprobó a la Alcaldía de Alejandro Eder, pero hace falta que se aceleren los procesos destinados a subsanar esas falencias, porque está visto que la Administración local ha sido lenta en la ejecución de las obras a financiar con esos recursos, y la urgencia de una óptima enseñanza no da espera.
Como tampoco se deben ignorar las voces que reclaman la revisión del esquema de cobertura contratada que fue implementado hace años en Cali y que implica que colegios privados reciban dineros públicos para que atiendan un porcentaje de estudiantes de bajos recursos económicos, sobre todo porque no se entiende por qué ese esquema sigue vigente cuando en los colegios que atiende el Gobierno local hay salones con capacidad para 35 alumnos a los que solo están asistiendo 20.
Ojalá, como le aseguraron a El País las autoridades del sector en la capital vallecaucana, el fortalecimiento del sistema de enseñanza oficial sea un “objetivo primordial del Distrito”, porque definitivamente Cali no puede perder el año en materia educativa.