Cali no puede darse el lujo de caminar a ciegas cuando se trata de su salud ambiental. Que las estaciones encargadas de medir la calidad del aire no estén operando plenamente, que sus certificaciones y calibraciones estén en entredicho y que la ciudad no cuente con información confiable sobre lo que respiran sus habitantes es una situación que exige una respuesta inmediata de las autoridades. No es un asunto menor ni un problema técnico; se trata de una herramienta esencial para proteger la salud pública.
El informe publicado por El País deja al descubierto una realidad preocupante: la ciudad enfrenta serias dificultades para monitorear la calidad del aire, identificar el origen de los malos olores que afectan a miles de ciudadanos y responder con datos científicos a fenómenos ambientales que requieren decisiones oportunas.
Cuando una autoridad ambiental no dispone de información precisa, también pierde capacidad para prevenir riesgos, orientar políticas públicas e incluso hacer cumplir la normatividad.
La ausencia de estaciones que miden la calidad del aire plenamente habilitadas significa que Cali hoy no tiene certeza sobre la calidad del aire que respiran sus habitantes. Es una situación que cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la contaminación atmosférica está asociada a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, especialmente en niños y adultos mayores. No conocer el estado real del aire es renunciar a una de las principales herramientas para proteger la salud de la población.
No es posible que, como ocurrió hace dos semanas cuando en diferentes sectores de la ciudad se denuncia malos olores, desde la Administración no se supiera nada al respecto y la solución sea acudir únicamente a encuestas de los ciudadanos para saber a qué les olía y las horas en las que el aroma se incrementaba.
A ello se suma otra preocupación planteada en este informe publicado el fin de semana en esta casa editorial: la persistencia de problemas históricos en cuerpos de agua como el río Cali y la quebrada El Chocho, afectados por aguas residuales y antiguos pasivos de la minería, mientras proyectos fundamentales como la planta de tratamiento para Montebello aún no muestran avances concretos. La protección ambiental no puede seguir dependiendo únicamente de anuncios o de buenas intenciones.
Resulta inevitable recordar que hace apenas dos años Cali fue presentada ante el mundo como sede de la COP16, un reconocimiento que puso a la ciudad en el centro de la conversación global sobre biodiversidad. Ese liderazgo no puede limitarse al éxito de un evento internacional. Debe reflejarse en políticas públicas sostenidas, inversiones permanentes y decisiones que fortalezcan la institucionalidad ambiental de la ciudad.
Ser la capital de la biodiversidad implica mucho más que organizar una cumbre. Significa cuidar los ríos que atraviesan el territorio, garantizar un monitoreo permanente de la calidad del aire, fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades ambientales y ofrecer información transparente a la ciudadanía. En esto estamos fallando como ciudad.
Por ello, es urgente que la Administración Distrital priorice los recursos necesarios para recuperar y modernizar la red de monitoreo ambiental, garantice la certificación y calibración de los equipos, fortalezca la capacidad técnica del Dagma y acelere los proyectos pendientes relacionados con el saneamiento de las fuentes hídricas. Cali necesita instituciones capaces de anticiparse a los problemas y que solo sean de reacción.
La salud ambiental de una ciudad no admite improvisaciones. Cada día que pasa sin datos confiables sobre la calidad del aire o sin soluciones de fondo para la contaminación de sus ríos representa una oportunidad perdida para prevenir riesgos y proteger la vida. Si Cali quiere honrar el legado ambiental que proclamó ante el la COP 16 debe demostrarlo con hechos. El momento de actuar es ahora.