El debate sobre la deuda pública del Gobierno Nacional se ha convertido en centro de la conversación nacional en las últimas semanas. No es solo un asunto técnico, reservado para economistas, ni una discusión abstracta para expertos en mercados financieros. Es, en realidad, un tema profundamente ciudadano porque cada peso que el Estado se endeuda hoy es un peso que los colombianos deberán pagar mañana, casi siempre vía impuestos.

Colombia, como cualquier país, necesita endeudarse. Ninguna economía moderna funciona sin crédito y los gobiernos financian infraestructura, programas sociales, atención de emergencias y proyectos estratégicos recurriendo a los mercados.

El endeudamiento, bien manejado, es una herramienta legítima de desarrollo. El problema no es deber; el problema es deber demasiado, pagar caro por esas obligaciones y no tener, en el corto plazo, ingresos suficientes para cumplir y, a la vez, invertir en los planes de desarrollo.

Las cifras recientes de Colombia muestran que la deuda pública ha crecido de forma acelerada ($1180 billones) y que el costo de financiarla es cada vez más alto. Esto significa que una porción creciente del presupuesto nacional se destina al pago de intereses. Son recursos que no van a educación, salud, seguridad o inversión productiva, sino a cubrir compromisos financieros. Cuando el servicio de la deuda empieza a competir con el gasto social, la alerta debe encenderse.

El Gobierno Nacional asegura que no tiene cómo bajar sus gastos, contrario a lo que opinan muchos analistas que vienen pidiendo un apretón de Estado y no uno cualquiera, sino un ajuste que permita ordenar las finanzas, cumplir la regla fiscal y contar con los recursos de inversión que requiere el país.

El pago de la deuda no se financia con buenas intenciones. Se financia con impuestos presentes o futuros. Con IVA, con renta, con gravámenes al consumo, con mayores cargas a empresas y trabajadores. Incluso cuando se habla de impuestos ‘a los más ricos’, la realidad económica demuestra que los costos se trasladan, directa o indirectamente, a la actividad productiva y al empleo.

La carga de un manejo inadecuado de las finanzas no puede recaer siempre en los colombianos y, aunque el Gobierno insiste en que sus jugadas de impuestos solo tocan a los más ricos, gran parte de la clase media también resulta afectada, y en últimas todos los hogares.

Por eso el país necesita una discusión seria sobre el manejo de las finanzas públicas. No una pelea ideológica, sino un compromiso responsable con la sostenibilidad fiscal.

Ordenar el gasto es una prioridad inaplazable. Eso implica revisar la contratación, la burocracia, combatir la ineficiencia y evaluar con rigor el impacto de cada peso invertido. La disciplina fiscal no es un capricho técnico, es una condición para la estabilidad económica.

Al mismo tiempo, es indispensable optimizar el recaudo tributario. Antes de pensar en nuevas reformas, el Estado debe mejorar la eficiencia en la administración de los impuestos existentes y reducir la evasión. Un sistema que recauda mejor sin asfixiar la actividad productiva fortalece la confianza y mejora la capacidad de pago del país.

El crecimiento económico también es parte de la ecuación. Una economía que crece genera más ingresos fiscales sin necesidad de aumentar tarifas. Por eso la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la promoción de la inversión no son consignas vacías: son condiciones para que la deuda sea sostenible.

Endeudarse puede ser necesario. Descontrolarse, no. La responsabilidad fiscal no es una opción política, es una obligación moral con las próximas generaciones. Cada decisión que hoy incremente la carga financiera del Estado compromete el bienestar futuro.

El país necesita liderazgo, transparencia y rigor técnico. Porque en materia fiscal, la factura siempre llega y la pagan los ciudadanos.