El otro vecino incómodo de Colombia es la dictadura que manda en Nicaragua y su descarado ataque a las libertades de su nación, a la democracia y a la prensa libre. Es el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario, quienes además de insultar cada que pueden a nuestras autoridades tienen a nuestro país como preferido para demandarlo y tratar de arrebatarle su territorio.

Los incidentes de persecución a cualquier asomo de crítica contra Ortega y su tiranía ya no tienen límites. Sus esbirros ocupan los medios de comunicación como La Prensa, emblema del periodismo americano, los confiscan y los silencian. Y su justicia de bolsillo encarcela a los periodistas, juzga y condena a sus propietarios y solo permite las emisoras que maneja su hijo y aquellos paniaguados que lo ensalzan.

Entretanto centenares de personas, encabezadas por siete nicaragüenses que se atrevieron a inscribirse como candidatos para disputarles la presidencia a Ortega y su mujer, se pudren en las cárceles o han salido al exilio. Miles de miembros de grupos paramilitares circulan por las calles, vías y lugares públicos de Nicaragua amedrentando a la población, golpeando y asesinando a quien se atreva a emitir una voz de descontento ante la ruina que padece su país.

Todo eso ha sido denunciado con profusión. Incluso la Iglesia Católica ha expresado su rechazo y a pedido que se respeten los derechos humanos y cesen los ataques y las amenazas del régimen contra la población. El resultado no puede ser más sintomático de lo que sucede: varias iglesias cerradas y decenas de sacerdotes golpeados o detenidos por expresar su rechazo a las arbitrariedades que cometen las fuerzas del Estado y las organizaciones paramilitares que patrocina y maneja el que un día ya lejano fuera parte de la revolución sandinista que tumbó la tiranía que ejercía la dinastía Somoza.

Ese grotesco espectáculo de abusos fue condenado el pasado lunes por la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a la cual pertenece Nicaragua, exigiéndole a Ortega que cese los atentados contra los Derechos Humanos de su nación y permita el regreso de la democracia. Fue una condena aprobada por una abrumadora mayoría en la que no estuvo Colombia.

Según se ha sabido por boca del supuesto embajador de nuestro país ante la OEA, señor Luis Ernesto Vargas, él no asistió por cuanto “no he sido nombrado ni me he posesionado”, lo que no debió dejarnos sin representación en una sesión en la cual Colombia debió estar presente.
Además de producirse esa lamentable omisión, se perdió la oportunidad para conocer la posición del nuevo gobierno frente a la violación de los derechos humanos en Nicaragua, reclamo que respaldaron gobiernos como el de Argentina, supuesto aliado de las posiciones políticas de Nicaragua.

Sería aconsejable que el canciller Álvaro Leyva hiciera una pequeña pausa en sus gestiones para entablar negociaciones con el Eln y los grupos violentos, y se refiriera a lo que serán las relaciones con un régimen empeñado además en desconocer los derechos de Colombia en el mar Caribe.