Cuatro intentos de invasión, más de mil ‘lotes’ y el empeño de mafias organizadas para explotar el negocio, han debido enfrentar las autoridades de Cali en el Jarillón del río Cauca. Es la persistencia de una práctica que ha ido tomándose la ciudad sin que haya sido posible detenerla, a pesar del daño que causa y de la imposibilidad de atender a quienes llegan a vivir en esas invasiones.

Lo del Jarillón es el ejemplo de hasta dónde llega la falta de conciencia sobre el respeto que debe tenerse a los espacios públicos que, como en este caso, son áreas definidas para defender a los habitantes de Cali. Así mismo, allí se desnuda de nuevo la existencia de organizaciones que se enriquecen engañando a quienes creen que están consiguiendo soluciones fáciles e inmediatas para sus necesidades de vivienda.

Pero ese no es el único foco de quienes se apoderan de las tierras de propiedad pública o privada para generar crisis que después deben ser solucionadas por las administraciones municipales, ofreciéndoles servicios públicos, seguridad y sistemas de salud o educación a quienes se asientan allí. Es una costumbre de muchos años que para colmo ha sido incentivada por dirigentes políticos que con ello buscan conseguir votos y clientela para sus ambiciones.

La consecuencia es que Cali ha crecido en el desorden absoluto y muchos de sus sectores construidos sin planeación alguna, son verdaderos focos de necesidades básicas insatisfechas, de conflictos y de violencia alimentada por las dificultades que se presentan para la llegada de la autoridad. Hoy la zona urbana crece, o mejor, se hincha, de la mano de los invasores, de los negociantes que se lucran de la necesidad que presentan decenas de familias que a diario llegan a la ciudad en busca de abrigo y oportunidades.

En las últimas semanas, el gobierno y la Fuerza Pública han tenido que enfrentar catorce intentos de invasión en sitios que van desde las orillas del Cauca hasta las laderas de la cordillera Occidental y este año son 900 tentativas de ocupación ilegal intervenidas por las autoridades. Esa es sólo una parte de un fenómeno que nace de la mezcla de impotencia, tolerancia y falta de decisión para defender lo que es ante todo la viabilidad de la capital vallecaucana, hoy agobiada por la imposibilidad de resolver los graves aprietos que esa práctica le ha dejado durante los últimos setenta años.

Pero el problema ya no es sólo de Cali y reclama con urgencia el apoyo y la solución que pueda y debe ofrecerle la Nación. No es secreto que el abandono del Pacífico y el suroccidente colombiano los han convertido en expulsores de ciudadanos que llegan aquí huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, por lo cual es necesario que se adopten las decisiones necesarias para evitar ese desplazamiento.

De lo contrario, Cali seguirá expuesta a la tragedia humanitaria, al desorden y a la violencia que significan las invasiones, mucha parte de lo cual se expresa en la inseguridad y las estadísticas de delincuencia. Y se profundizará el caos que en esos barrios se vive, la falta de servicios y la ausencia del Estado para resolver con oportunidad los problemas y conflictos de los ciudadanos.