Las buenas ideas hay que replicarlas, en especial cuando sirven a la que puede ser la causa más importante hoy para la humanidad: la de la lucha contra el cambio climático. Costa Rica representa el ejemplo a seguir, mientras Colombia es el ensayo que se muestra prometedor.

Así lo aseguran los ministros del Medio Ambiente de ambos países cuando se refieren al impuesto al carbono, una contribución que se revierte en programas de recuperación de los ecosistemas, de reforestación y de restauración de los hábitats naturales. La fórmula es simple; quienes explotan, producen y usan combustibles fósiles pagan un tributo para compensar el perjuicio que ocasionan en la biósfera las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono.

La nación centroamericana fue pionera en la aplicación del gravamen. En 1997, cuando aún no se sabía a ciencia cierta la magnitud del daño que se le causaba al Planeta ni las consecuencias devastadoras para la conservación de la naturaleza y la continuidad de la vida, Costa Rica decidió cobrar un tributo del 3,5% sobre el petróleo, el gas y carbón. Con ese dinero recaudado comenzó a financiar la protección de sus reservas naturales, a repoblar las selvas y bosques, a pagar compensaciones a quienes protegen esos recursos o a educar para que se aprenda a usarlos de forma sostenible y responsable.

El país no se sentó a esperar que le llegarán las ayudas internacionales, tan prometidas y tan etéreas. Decidió dar el primer paso, como lo había hecho 10 años antes al establecer en su Constitución el derecho ciudadano a tener un medio ambiente sano luego de ostentar la tasa más alta de deforestación del mundo, y como resultado del cobro tributario hoy la cobertura forestal alcanza el 52%, la cuarta parte de su territorio está declarada como zona de reserva natural y el 90% de la energía que consume proviene de fuentes renovables. En todo ello se reinvierten los 26,5 millones de dólares que recauda al año por el impuesto al carbono.

Colombia aprobó en el 2016 un gravamen de 5 dólares por cada tonelada de carbono emitido, lo que le permitió recoger en los dos primeros años 239 millones de dólares. Los dineros, que administra el Fondo para la Paz, se utilizan para mitigar la erosión costera, reducir la deforestación y conservar las fuentes de agua así como los ecosistemas estratégicos, mientras que un 5% se destina a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es apenas el comienzo de lo que se espera sea una fuente importante de financiación de las acciones que requiere el país para luchar contra el cambio climático.

Por esos resultados ya tangibles en Costa Rica y con buen comienzo en Colombia, es que sus ministros de Medio Ambiente han invitado a través de un artículo científico publicado en la revista Nature a que otras naciones adopten la medida. Si los 17 países donde se concentra el 70% de la biodiversidad del mundo, 13 de los cuales albergan bosques tropicales, consiguieran esos recursos para revertirlos en la recuperación y conservación de su naturaleza, se haría el aporte más importante a la lucha contra el calentamiento global. Lo cual no significa exonerar de su responsabilidad, incluida la de pagar por el daño que provocan, a aquellos Estados que más contribuyen a contaminar el planeta.