Si algo han tenido claro los colombianos desde la firma del acuerdo de paz alcanzado una década atrás en La Habana, es que las transformaciones no se darían de la noche a la mañana y que el camino a una vida desprovista de violencia y del rugir de las armas estaría empedrado por intereses políticos y el control territorial de algunos corredores estratégicos para el narcotráfico.

Erradicar la violencia, advertían los cálculos más optimistas, tomaría sus años, pero lo inimaginable una década después era la mutación y el fortalecimiento que alcanzarían los grupos disidentes surgidos de las extintas Farc y que en el actual Gobierno han logrado tanta o más capacidad de daño que el que tuvieron sus antiguos cabecillas.

El espejo más doloroso en el que se asoma hoy la fallida paz total es el departamento del Guaviare, donde se han registrado al menos cuatro combates entre hombres de alias Calarcá e ‘Iván Mordisco’, que en los últimos meses deja un saldo de cerca de un centenar de muertes registradas en combate.

Una disputa entre supuestos negociadores de paz, como lo evidenció El País en su edición del domingo anterior, que solo el pasado 26 de marzo dejó 48 muertos, 11 de ellos menores de edad, con el único propósito de controlar una vía ilegal que atraviesa buena parte de la selva del Guaviare y que une los ríos Inírida y Guaviare en la llamada puerta de entrada de la Amazonía.

Guerra que no obedece a luchas ideológicas ni diferencias sobre el futuro del país, sino al control de un territorio que sirve de ruta fluvial al narcotráfico para suplir mercados como el de Brasil, uno de los grandes consumidores actualmente, y abastecer corredores que desde Venezuela o el Pacífico inundan de droga mercados ilegales como los de Estados Unidos, África o Europa.

Las consecuencias materiales de la laxitud del Gobierno no solo se traducen en víctimas mortales o comunidades enteras confinadas, sino en pueblos mayormente indígenas como los nukak makuk o los Jiw que presos del terror han tenido que desplazarse y abandonar sus tierras en zonas de reserva forestal, convertidas en un gigantesco escenario de guerra.

La paz se desmorona con cada nueva acción terrorista en los territorios donde más esperanza hubo con la firma del acuerdo; regiones como el Catatumbo, los departamentos del Pacífico colombiano, el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño y territorios entre los Llanos Orientales y la selva amazónica no lograron pasar por un solo día la página de la guerra.

Pero mientras el discurso gubernamental continúe dedicado obstinadamente a justificar o minimizar el accionar de los grupos violentos; o se oculte en silencios permisivos frente acciones de terror en contra de la comunidad, la paz continuará siendo una utopía.

La debilidad institucional y el maniatar a la Fuerzas Armadas confiando en la buena voluntad de los grupos armados han creado un monstruo poderoso e incontrolable, que en el Guaviare mostró la faceta más despiadada de un conflicto en el que el reclutamiento de niños se convirtió en política de guerra.

El mejor resumen de la degradación de esta guerra lo escenificó recientemente en una frase el ministro de Defensa, Pedro Sánchez: alias “Iván Mordisco recluta a los niños y ‘Calarcá’ los masacra”.

Ni la paz se dicta por decreto ni las concesiones eternas contribuyen a la reconciliación del país. Una realidad que amenaza con extenderse por todo el territorio si el Gobierno no se mira en el espejo del Guaviare y entiende que sucumbir ante los violentos no solo no trae paz, sino que deja en el aire el sinsabor de la rendición del Estado.