El espectáculo del ‘Orden’ frente a la Cali invisible

Con la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, Cali se ha convertido en el epicentro de una puesta en escena que busca legitimar lo que, analíticamente, podemos denominar como una seguridad democrática ‘remasterizada’. Los anuncios realizados sobre el “nuevo hito” en materia de seguridad para la ciudad, durante el encuentro entre el mandatario electo y el alcalde Alejandro Eder, junto con los planteados en la cumbre de seguridad en Barranquilla, no son hechos aislados; representan la consolidación de un “panóptico tecnológico” que pretende delegar la vigilancia estatal a algoritmos y drones, bajo la promesa del orden.

Sin embargo, el despliegue del Plan Patriota 2.0 —con su énfasis en la inteligencia artificial y la vigilancia digital intrusiva— parece ignorar deliberadamente que la seguridad no es un producto de consumo tecnológico, sino el resultado de la justicia social. Las prioridades de gobernanza expuestas por Eder y De la Espriella obedecen a la aplicación de una racionalidad de mercado, donde el aumento del pie de fuerza y del presupuesto militar actúan como mecanismos de control de la vida, pero no como soluciones al hambre y a la pobreza estructural.

La evidencia cuantitativa es contundente frente al discurso oficial. Según cifras del DANE para 2025, Cali es una ciudad fracturada: uno de cada cinco habitantes sobrevive en la pobreza monetaria (452.000 personas cuentan con ingresos inferiores a $511.638 mensuales), mientras que 138.000 caleños se encuentran en la indigencia calórica, subsistiendo con apenas $247.372 al mes. Esta marginación social no es un dato estadístico muerto; es el caldo de cultivo de una violencia que el modelo actual pretende contener mediante la represión, en lugar de transformar sus causas.

Existe una correlación espacial innegable entre la concentración de la pobreza y la violencia. En 2025, Cali registró la tasa de homicidios más alta del último cuatrienio (46,5 por cada 100.000 habitantes), con un promedio de tres muertes diarias. La tendencia no cede: durante el primer semestre de 2026 ya se contabilizan 546 víctimas, con una incidencia crítica en las comunas 13, 14, 15, 18 y 21. En estos territorios, el Estado no llega con políticas de bienestar, pese a que históricamente han sido las zonas con mayor concentración de pobreza; por el contrario, llega bajo una lógica punitiva que busca ampliar los sistemas de vigilancia e inteligencia, pretendiendo convertir al vecino en informante y al joven en sospechoso.

El vacío más alarmante de este “gran acuerdo histórico” anunciado por los mandatarios es la biopolítica del género. Mientras las figuras presidenciales y distritales celebran hitos de seguridad, la agenda de las primeras damas se desplaza hacia la privatización simbólica de los derechos. Buscar financiación privada para una ‘semana de la moda’ en medio de una crisis humanitaria es la máxima expresión de cómo los derechos fundamentales se degradan a derechos de consumo. Esta desconexión resulta insultante frente a la realidad de las mujeres en Cali: 2025 cerró con 1.139 denuncias por delitos sexuales (un aumento del 18,6%), donde siete de cada diez víctimas fueron menores de edad.

El encuentro Eder-De la Espriella nos devuelve a modelos del pasado —como las CONVIVIR—, pero ahora con ‘esteroides tecnológicos’. Cali no necesita un espectáculo de orden contrainsurgente; necesita una Seguridad Humana basada en la protección de la vida y en el fin de la exclusión que condena a un quinto de su población al olvido. Mientras el brillo de la tecnología oculte la realidad del hambre, cualquier anuncio de seguridad será apenas un ejercicio de maquillaje ideológico sobre una ciudad que muere de hambre.