Cali sigue contando muertos como si se tratara de una estadística más, cuando detrás de cada homicidio hay una vida arrebatada, una familia destrozada y una ciudad que pierde la capacidad de sorprenderse ante la violencia. Las cifras conocidas son alarmantes: 846 homicidios entre enero y septiembre de este año y 555 casos relacionados con el sicariato, las venganzas, el microtráfico o las bandas criminales.
Lo más preocupante es que el sicariato parece haberse convertido en una forma recurrente de resolver conflictos, ajustar cuentas y disputar territorios en Cali. Un hombre llega en motocicleta, identifica a su víctima, dispara y huye. En ocasiones, el ataque queda registrado en cámaras de seguridad; en otras, los presuntos responsables son retenidos por ciudadanos y entregados a las autoridades. Pero después del estruendo de los disparos comienza otra historia: la de las familias que esperan saber quién ordenó el crimen, por qué mataron a su ser querido y si algún día habrá justicia. ¿Cuántas de esas familias siguen esperando respuestas? ¿Cuántos asesinatos permanecen sin esclarecer? La ciudadanía merece conocer esos resultados.
Las historias de Marisol Arango y Carlos Esteban Estrada Restrepo, reseñadas por este diario, tienen que sacudirnos. Marisol era una comerciante y madre de dos adolescentes que fue atacada cuando regresaba a su casa. Esteban fue asesinado a tiros mientras se movilizaba por la Autopista Simón Bolívar. En ambos casos, sus allegados quedaron enfrentados a la ausencia y a las preguntas que deja una muerte violenta. No eran cifras en una tabla: eran personas con proyectos, afectos y familias que dependían de ellas. Cuando una ciudad permite que estas historias se repitan sin respuestas claras, corre el riesgo de normalizar lo inaceptable. Y no podemos permitirlo.
Por eso, el llamado a la Policía Metropolitana de Cali y a la Fiscalía General de la Nación debe ser contundente: no basta con llegar a la escena del crimen, recoger evidencias y anunciar que se abrió una investigación. Hay que esclarecer los homicidios, identificar a los autores materiales, establecer quiénes los contrataron y llevar a los responsables ante la justicia. Capturar a quien dispara es fundamental, pero no resuelve el problema si quien paga por matar continúa libre, conserva su capacidad de intimidación y puede contratar a otra persona para cometer el siguiente asesinato. La investigación debe llegar hasta el origen de las órdenes, las redes criminales y los recursos que sostienen este negocio de la muerte.
La Alcaldía de Cali y su Secretaría de Seguridad también tienen una responsabilidad ineludible. Se necesitan estrategias focalizadas en los territorios más afectados, inteligencia para identificar las estructuras que están detrás de los ataques y coordinación efectiva con los organismos judiciales. Las cámaras, los operativos y las capturas son herramientas importantes, pero deben traducirse en resultados verificables. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuántos casos se han esclarecido, cuántas personas han sido judicializadas y qué acciones concretas se están tomando para desarticular las redes de sicariato. Las explicaciones sobre la complejidad del fenómeno no pueden convertirse en excusas permanentes. Si la violencia evoluciona, la respuesta institucional también debe hacerlo.
Hay, además, una pregunta que las autoridades no pueden eludir: ¿quién está investigando de manera sistemática esta modalidad criminal y qué resultados está obteniendo? En el informe publicado por El País el fin de semana anterior, la Policía Metropolitana no había respondido a las preguntas sobre los homicidios clasificados específicamente como sicariatos y las estrategias para combatirlos.
Una respuesta pendiente no demuestra por sí sola inacción, pero el silencio institucional frente a un problema de esta magnitud resulta insuficiente. La seguridad no se puede evaluar únicamente por los anuncios de los operativos, sino también por la capacidad de prevenir los asesinatos y esclarecer los que ya ocurrieron.
El sicariato no puede seguir amedrentando a Cali. La sociedad tampoco se debe acostumbrar a escuchar disparos, a ver cintas amarillas alrededor de un cuerpo ni a leer que otra familia exige justicia. Cada homicidio tiene que activar una investigación rigurosa y cada caso sin resolver debe seguir siendo una prioridad para las autoridades.