Los enfrentamientos en Cali entre ciudadanos y agentes de tránsito están tomando un matiz muy complejo, que requiere de decisiones firmes para evitar que se conviertan en una tragedia más qué lamentar.

Lo primero es reclamar de los caleños el respeto a la autoridad tanto como a las normas de movilidad, que lo único que buscan es garantizar la seguridad en las vías y la integridad de las personas. Y a los encargados del orden pedirles prudencia, en momentos en que la sensatez se impone.

Las agresiones contra los guardas, y en muchos casos la respuesta de estos frente a los ataques, se volvieron tan frecuentes que incluso han dejado de ser noticias en redes sociales o motivo de reclamo ciudadano.

Los caleños parecieron acostumbrarse a las disputas, las luchas físicas o a los atropellamientos, que por lo general resultan graves. Ocurren en el oriente de la ciudad, pero igual en el Norte, el Sur o el Oeste. Basta con que se instale un retén o se le pida a un conductor que se detenga, para que la reacción sea la de provocar, huir o atacar.

La violencia ha llegado a un punto alarmante. Entre el 1 de enero y el 17 de julio de este año, 48 funcionarios fueron agredidos, el doble de casos registrados en el mismo periodo de 2024. Esta cifra refleja una escalada de intolerancia en la ciudad, pero también una fractura en la relación entre ciudadanos y autoridades que desde ambos lados debe detenerse.

El problema no se limita a números. Tal como advierte el académico Carlos Charry en un informe publicado por esta casa editorial, existe en Cali una “cultura de la desobediencia” frente a la autoridad de tránsito. Para muchos, el agente no es visto como una figura legítima, sino como un obstáculo más en el camino y esa percepción abre la puerta a los insultos, las agresiones y los ataques físicos.

Una ciudad que les pierde respeto a sus autoridades está condenada al desorden. Por ello, es momento de cumplir con las normas de tránsito, portar los documentos al día y conducir siempre con prudencia. Si se decide adquirir una moto o un vehículo, es claro que se debe tener un dinero destinado no solo para la gasolina, sino para pagar el Soat y realizar el mantenimiento adecuado.

Tampoco se puede ignorar el papel que juegan en las agresiones las redes sociales y los videos virales. Cada nuevo enfrentamiento grabado y compartido se convierte en combustible para la indignación colectiva, pero no aporta contexto o soluciones. Estos videos están reforzando la percepción de abuso y también incentivando a quienes ven en la confrontación un espectáculo, sin medir el daño que eso causa.

Frente a esta situación, el requerimiento va en doble vía. A las autoridades les corresponde realizar la pedagogía, algo que se ha reclamado bastante desde el Concejo de Cali, además de sancionar con rigor los abusos y garantizar transparencia y respeto a todos los ciudadanos en cada procedimiento.

A los ciudadanos les toca recuperar la sensatez y entender que la violencia no resuelve ninguna inconformidad. No hay multa, ni comparendo, ni procedimiento que justifique un ataque a un servidor público. Es momento de parar porque, en riesgo, se está poniendo la vida de los guardas de tránsito y de los propios conductores.