Ante la oleada de violencia y desconocimientos del orden jurídico que se está produciendo en el país, la Defensoría del Pueblo y en concreto el nuevo Defensor elegido en el Congreso adquiere una importancia capital para hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Es de esperar que el funcionario electo asuma con independencia esa obligación ante las amenazas que los afectan.

La Defensoría fue creada como una institución independiente que actúa para fortalecer el Estado de Derecho como fuente de justicia y equidad y de proveer de abogados a cargo del Estado a todos aquellos procesados penalmente que no puedan pagarlo. No es ni puede ser un apéndice del poder político, de los partidos y las ideologías pues de esa manera se desvirtúa su esencia y su papel en defensa de la democracia.

En ese orden de ideas, la Defensoría no puede ser un fortín partidista objeto de repartición entre las bancadas que apoyaron la elección de su titular, como ocurrió en épocas pasadas. Tampoco puede ser un disparador de acusaciones contra las autoridades a todos los niveles de la administración pública, nacidas en razones distintas a la protección de los derechos de los ciudadanos. Y mucho menos, abandonar el deber de estar al lado de la sociedad y de cada uno de sus integrantes cuando, como está ocurriendo, los grupos armados ilegales usan el terror para imponer sus oscuros y criminales intereses.

El doctor Carlos Camargo fue elegido la semana pasada de acuerdo con las normas constitucionales. Su larga trayectoria política, como funcionario oficial y últimamente como director de la asociación nacional de gobernadores, demuestra por sí sola su veteranía en el conocimiento del Estado y sus relaciones con la dirigencia tradicional de la política. Esas características le permitieron conseguir un amplio respaldo de la coalición que se armó para su nominación y posterior nombramiento, lo que no debe dar pie para calificar de antemano su desempeño.

No obstante, debe quedar clara la independencia del doctor Camargo frente a sus electores en el Congreso. En los últimos años, la Defensoría ha cumplido un papel de primer orden en la protección a comunidades apartadas y objeto de la violencia y la delincuencia: su amplia red de funcionarios en todo el país y sus alertas tempranas, no siempre atendidas como corresponden, han sido herramienta fundamental para evitar males mayores.

Así las cosas, lo que se espera es que esa institución continúe al servicio de los colombianos y al interés nacional; que no caiga en los ideologismos o que no se convierta en defensora o encubridora de los abusos u omisiones que cometan autoridades o funcionarios. Y que no se desgaste en el clientelismo que reparte la nómina y los contratos en función del pago de favores.

En momentos como los actuales, donde los derechos de millones de colombianos son amenazados, la Defensoría del Pueblo tiene una misión crucial; la de estar al lado de los ciudadanos, escuchar sus problemas y servir de puente con el Estado para que la democracia colombiana sea respetada y respetable.