El silencio del mundo frente a lo que viene ocurriendo en la provincia de Xinjiang, donde organismos de Derechos Humanos han denunciado que el Gobierno de China mantiene confinadas a cerca de un millón de personas de la minoría Uigur en enormes campos de concentración y explotación laboral, es vergonzoso.

Desde el 2017, cuando arreciaron los ataques, las desapariciones y los encarcelamientos de integrantes de esta minoría musulmana cuyo idioma no es el mandarín, se tuvo conocimiento en el seno de Naciones Unidas de lo que venía ocurriendo, pero una década después los intereses comerciales han prevalecido sobre la dignidad y los Derechos Humanos de esta comunidad.

Mientras Pekín asegura que esos espacios son centros de formación profesional y que las denuncias forman parte de un movimiento ‘Anti-China’, gobiernos afines justifican las medidas del régimen con el argumento de que Xinjiang es una provincia con antecedentes separatistas y una amenaza terrorista dentro de China.

Bajo ese argumento, como lo informó El País en la edición impresa del 5 de julio, miles de personas permanecen desaparecidas y cientos de miles más confinadas por delitos como usar WhatsApp, visitar países que no son amigos de China, no acatar las leyes de control natal, rezar o enseñar el islamismo o el idioma turco, entre otros.

Sin embargo, las medidas de exterminio del pueblo Uigur van mucho más allá, como lo cuentan quienes han logrado huir hacia Turquía, Uzbekistán o la Unión Europea, al relatar horrores como la esterilización de mujeres para impedir la expansión de la minoría, la destrucción de mezquitas, el aislamiento de niños para evitar que aprendan su lengua madre y ser ‘reeducados’ por el Estado de acuerdo a la cultura de China.

Un genocidio moderno y silencioso basado en las nuevas herramientas tecnológicas y que convierte en presos no solo a quienes están en los campos de concentración, sino a todos los residentes de la provincia de Xinjiang, quienes son sometidos a algoritmos de reconocimiento facial, recolección de ADN, escaneo de iris de los ojos y control natal y de las comunicaciones para garantizar impunidad.

El hecho de que Xinjiang sea un lugar prohibido para organismos de Derechos Humanos, ONG y la prensa internacional, que en el 2017 filtró los documentos y las imágenes de la infamia dentro de estos espacios de esclavitud laboral, es motivo suficiente para decretar sanciones y ordenar un esclarecimiento de los hechos.

Entre otras cosas, porque la mayor preocupación del régimen del presidente Xi Jinping no son los Uigur en su esencia, sino las riquezas naturales de sus tierras, representadas en oro, cobre, litio, petróleo y gas natural, y que en la provincia de Xinjiang se produce el 80 % del algodón de China y el 20 % del algodón en el mundo.

Pero increíblemente la discusión ha sido vetada en varias ocasiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un veto apoyado en buena parte por países que se autoproclaman defensores acérrimos de las libertades y los derechos humanos.

El peso de las evidencias ha demostrado claramente que detrás de lo que China llama ‘centros de formación para el empleo’ subyace un laboratorio de asimilación en el que intentan borrar por la fuerza la cultura y las costumbres del pueblo Uigur e inocular en ellos el idioma, la fe y el fervor por el Partido Comunista.

Si bien Estados Unidos y la Unión Europea han decretado sanciones contra productos chinos manufacturados con mano de obra esclavizada del pueblo Uigur, las medidas resultan irrisorias ante la verdadera dimensión de lo que China ya no logra ocultar en la opaca y sometida provincia de Xinjiang.

Ante el genocidio del pueblo Uigur es urgente actual con firmeza diplomática, como lo reclaman las víctimas en el exilio, y no escatimar en cualquier otra medida que impida la desaparición deliberada de una minoría a la que por razones económicas y de geopolítica pocos gobiernos han querido escuchar.