El camino hacia la Paz Total en el que está empeñado el gobierno de Gustavo Petro tiene curvas arriesgadas que obligan a transitarlo con precaución. Los colombianos anhelan una vida sin violencia ni guerra, pero no están dispuestos a que las negociaciones con los grupos ilegales se conviertan en espectáculos o se usen para manipular a un país.

La aparición de alias Iván Mordisco en Yarí, Caquetá, el fin de semana, a donde llegó escoltado por decenas de guerrilleros, en camionetas lujosas, con un sofisticado fusil de asalto al hombro y como representante del denominado Estado Mayor Central, uno de los grupos disidentes de las Farc, causó extrañeza y preocupación. El evento convocado por una organización campesina, en el que no hizo presencia el Gobierno si bien contó con su beneplácito, se convirtió en escenario para que el jefe de la organización criminal anunciara la fecha de inicio de las conversaciones de paz.

Lo que debió confirmar el Presidente de la República o en su defecto el Alto Comisionado para la Paz, la Nación lo supo por boca del guerrillero, quien aprovechó para reiterar el discurso de la lucha de clases, denigrar del capitalismo y asegurar que son los herederos de las Farc-EP construida por “los legendarios marquetalianos”, pero que están dispuestos a sentarse, ahora sí, en la mesa de negociaciones porque “es necesario dejarnos de matar”. Nada dijo su disposición a dejar el negocio del narcotráfico al que se dedican desde hace años, ni de la violencia que han generado y que nada tiene qué ver con ideologías políticas o reivindicaciones sociales.

Hay que recordar que el hoy llamado Estado Mayor Central decidió no participar en el proceso de paz que culminó con los Acuerdos en 2016, y desde entonces se declaró en disidencia. Caso contrario al de la Segunda Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, entonces jefe negociador de las Farc y firmante de la paz en La Habana, que se alzó de nuevo en armas junto a otros dirigentes guerrilleros. Son las dos organizaciones ilegales que pretenden participar en las conversaciones de la Paz Total de Gustavo Petro, sin que existan a la fecha muestras determinantes de su voluntad.

La disposición del Gobierno Nacional a ceder cuanto sea necesario para conseguir su propósito es evidente, como se demostró al permitir que ‘Iván Mordisco’ anunciara para el próximo 16 de mayo el inicio de los diálogos, lo que sin duda será aprovechado por las disidencias. Deberán en todo caso ser procesos diferentes para una y para otra, toda vez que el grupo de ‘Márquez’ perdió los beneficios obtenidos al firmar en Cuba y volver a la clandestinidad, entre ellos el de recibir rebajas por sus delitos o ser juzgados por la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Tampoco se puede perder de vista que, así digan lo contrario, con quienes se sentará a negociar el Gobierno ya no son los grupos subversivos creados hace 60 años o más, sino organizaciones dedicadas al narcotráfico, que se enfrentan entre sí o con otros grupos criminales como el Eln o el Clan del Golfo por el control del rentable negocio, mientras dejan a su paso una estela de violencia y muerte.

Colombia quiere apostarle a la paz, pero sin que ello signifique entregar la dignidad de la patria ni renunciar a la defensa del Estado de Derecho.