El Informe Exclusivo que circula hoy en El País, resume el calvario que se vive a diario en la carretera, que es casi un cordón umbilical, por el cual se conecta el suroccidente de Colombia. Lo que sucede en esos 385 kilómetros de Vía Panamericana que comunican a Cali con Popayán y Pasto, refleja la indiferencia del actual Gobierno con lo que sucede en esta parte del territorio nacional, también el recrudecimiento de la violencia gracias a la permisividad de estos últimos tres años con los grupos armados ilegales y, de paso, el poder que han adquirido unas organizaciones étnicas que descubrieron en los bloqueos la mejor forma de chantaje.
La sucesión de hechos violentos en la Panamericana parece haberse recrudecido en las semanas recientes. Las doce mil personas que en promedio necesitan movilizarse por la vía, hoy se enfrentan a secuestros extorsivos y exprés, robos de vehículos o de pertenencias, atentados terroristas, asesinatos en retenes ilegales o a las consecuencias de bloqueos que pueden duras horas e incluso días. Todo ello se ha vivido en los últimos tiempos, con saldos trágicos como la muerte violenta de tres personas, incluida una menor de 2 años de edad, en un retén de grupos criminales.
Transitar a través de la única carretera en condiciones que existe en esta parte del país para conectarse con el resto de Colombia y el sur del continente, se convirtió en una ruleta rusa en la que se pone en juego la vida misma. Frente a esa realidad cotidiana está a prueba la capacidad o la intención real del Estado para imponer el orden, proteger a la población y garantizar la seguridad que demanda la ciudadanía.
Es clara la incapacidad, pese a los esfuerzos que se les deben reconocer, de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los grupos ilegales que operan desde el Valle hasta Nariño, con un departamento del Cauca que padece las peores consecuencias de lo que no son más que políticas erráticas de un Gobierno Nacional, el de Gustavo Petro, permisivo con el crimen organizado en aras de una paz total que nunca llegó.
A la confluencia del narcotráfico liderado por antiguos alzados en armas que hoy se hacen llamar disidencias, que también manejan economías ilícitas como la minería ilegal, y de la delincuencia común que aprovecha los vacíos que deja el Estado, se junta la práctica cada vez más frecuente de utilizar los bloqueos viales para ejercer presión y obtener réditos que son de sus intereses. En este 2025 van 40 cierres a la carretera, en su mayoría por comunidades indígenas bajo el mando del Cric, que según Colfecar llegan a costarle al sector transportador unos $30.000 millones al día, debido, entre otros, a los retrasos en la circulación que genera incumplimientos y la pérdida de mercancías.
Los expertos consultados para el informe exclusivo de El País, coinciden en que se ha retrocedido al menos 25 años en seguridad en la vía Panamericana, con consecuencias letales en lo que se refiere a la pérdida de vidas humanas, pero también en la economía de la región como bien lo puede atestiguar el Cauca en general y su capital, Popayán, en particular, donde sólo para poner un ejemplo el turismo ha caído a un 20 % o menos.
Por ello el suroccidente de Colombia pero también el resto del país, tienen que exigirle al Poder Central, es decir al actual gobierno de Gustavo Petro pero también al que llegue en agosto del próximo año, que le devuelva la seguridad a la Panamericana y la tranquilidad a los miles de ciudadanos que transitan por ella cada día.