Con el salvamento de voto de tres de sus nueve integrantes, la Sala plena de la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma tributaria aprobada en el 2018 y en vigencia hasta ahora. Por fortuna, su fallo da plazo hasta el 31 de diciembre para evitar lo que puede ser un desastre para las finanzas públicas y para toda la economía colombiana.

Durante el tiempo que duró el estudio de la decisión por la Corte, todo parecía indicar su disposición a declarar la inconstitucionalidad de la ley 1943 de 2018, o de financiamiento. Esa percepción, nacida de las consultas que realizaban los Magistrados, se convirtió en realidad el pasado miércoles, según el comunicado que dio a conocer el Alto Tribunal.

El resumen de la sentencia, publicado en el comunicado, afirma que no se cumplió con la formalidad de la publicidad sobre lo definido en el Senado, lo cual impidió la deliberación libre de la Cámara de Representantes para el último debate. Esa consideración recibió dos salvamentos de voto que afirmaron el cumplimiento de los requisitos.

Lo claro es que el país está ante un hecho cumplido que necesita de la acción tanto del Ejecutivo como del Legislativo para conjurar lo que puede ser un desastre, al crear un hueco de más de diez billones en los ingresos del Estado, el cual se sumaría al déficit de ocho billones que tiene el presupuesto para el 2018 y al derrumbe del presupuesto para el 2020 aprobado ya por el Congreso. Por ello, lo que la lógica indica es la necesidad de un acuerdo para revivir antes del 31 de diciembre lo que fue anulado por la Corte a partir del primero de enero del próximo año.

Menos mal ese espacio fue creado mediante una interpretación particular de la Corte sobre la modulación de su sentencia que dice textualmente: “La decisión de diferimiento precave un efecto inconstitucional de mayor gravedad, y brinda un espacio de tiempo razonable para que el ejecutivo y legislativo, en el marco de sus competencias en materia tributaria, decidan ratificar, derogar, modificar o subrogar los contenidos de la Ley de Financiamiento”.

Cabe agregar que la misma sentencia insinúa la posibilidad de revivir la ley que declaró inexequible. Todo está alineado entonces para solucionar lo que puede ser un problema de consecuencias mayores para todos los sectores de la Nación y para la confianza en Colombia en los mercados internacionales. Por lo pronto, la tasa de cambio, uno de los indicadores más sensibles sobre la salud y la estabilidad de la economía, ha tenido un comportamiento estable.

Lo que se pide ahora es que las bancadas en el Congreso de los partidos que respaldan al Gobierno y la oposición superen por ahora sus diferencias, construyan la mayoría que se requiere y saquen adelante lo que es una necesidad nacional inaplazable. No parece ser difícil puesto que la ley declarada inexequible fue producto de un intenso debate de varios meses donde se escucharon todos los puntos de vista, por lo cual puede ser más factible alcanzar el acuerdo y superar los aspectos formales que llevaron a la mayoría de la Corte Constitucional a tomar su decisión.