Con el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, Colombia hace honor a su tradición de nación hospitalaria y ofrece regularizar a quienes han llegado huyendo de la tiranía que se apoderó de su país, sembrando miserias, carencias y persecución para sus ciudadanos. Y hace una apuesta, riesgosa sin duda, con la posibilidad de formalizar esa migración que hoy vive entre la ilegalidad, la informalidad y la necesidad de encontrar soluciones a su drama.

El Estatuto es ante todo una proclama sobre la voluntad del Gobierno Nacional de enfrentar el desafío que significa el millón setecientos mil venezolanos que se han quedado en nuestro país, la inmensa mayoría de los cuales carecen de recursos y medios para vincularse a las actividades legales. Son seres humanos que necesitan una identidad que les permita acceder a la salud, al empleo y a las actividades normales de nuestra sociedad, sin el estigma de la ilegalidad que los persigue, aquí y en el resto de América.

También es una declaración de solidaridad y generosidad pocas veces vista en el mundo, afectado en casi todos los continentes por el desplazamiento obligado que causan los conflictos, las guerras, la pobreza y el racismo. No obstante las grandes limitaciones que vive nuestro país, agravadas por la pandemia que paraliza gran parte de la actividad económica y crece los problemas de empleo y presiona la demanda de servicios de salud, la medida se destaca por la decisión de acoger a nuestros vecinos, por supuesto estableciendo requisitos para regularizar la estadía de esos inmigrantes y permitirles la integración, ya sea temporal o definitiva, a nuestra sociedad.

La apuesta está en la posibilidad de crecimiento que puede ofrecer la incorporación de la enorme fuerza de trabajo de los venezolanos hoy en Colombia, a nuestra economía. Sin dejar de lado la obligación de generar oportunidades para los colombianos que padecen circunstancias parecidas, la pregunta es cómo encausarla para que deje atrás la informalidad y cómo lograr la inversión que se requiere para conseguir que esa intención se convierta en una realidad tangible.

Además de esas buenas intenciones, es necesario recalcar que Colombia necesita el respaldo de la comunidad internacional para enfrentar con éxito el reto que significa esa migración. A ellos hay que ofrecerles servicios de salud, en especial la posibilidad de acceso a la vacuna contra el Covid-19, fundamental también para evitar que sigan siendo difusores del coronavirus. Y abrir espacio para que la educación y la capacitación les permita acceder a las oportunidades de trabajo o de emprendimiento que necesitan.

Son pues muchos los aspectos que afectará el Estatuto para los emigrantes venezolanos, una iniciativa generosa para proteger los derechos humanos de quienes llegan expulsados por la destrucción de su país y en busca de protección y oportunidades. Es de esperar que se produzcan los aportes que de la comunidad internacional se esperan para atender un drama que afecta a millones de seres humanos en el vecino país, hoy desparramados por el continente.