Ayer, la comunidad caleña, cansada del secuestro y la asfixia que le han decretado los promotores de la violencia, salió a las calles vestida de blanco a reclamar sus derechos e impedir que los adiestrados grupos de indígenas manejados por el Consejo Regional Indígena del Cauca, algunos identificados con chalecos de la Gobernación del Valle, siguieran arrebatándoles sus derechos. Entre tanto las autoridades municipales y departamentales se desentendieron de sus obligaciones para con todos los ciudadanos.

El resultado fue una confrontación violenta entre civiles. Indígenas que se transportan en vehículos que tenían sus placas cubiertas para impedir su identificación, muchos de ellos de propiedad del Estado, se enfrentaron a la protesta contra sus abusos con palos, machetes y armas de fuego, recibiendo una respuesta de similares proporciones. Tanto el Alcalde de Cali como la Gobernadora tratan de evadir la responsabilidad afirmando que el manejo de los indígenas corresponde al Gobierno Nacional y el presidente Iván Duque responde que les ha entregado a ellos todas las herramientas necesarias para enfrentar la situación.

En la mitad quedaron los ciudadanos que durante doce días han padecido el sitio del terror de quienes el pasado 28 de abril derribaron la estatua de Belalcázar con la actitud por lo menos extraña del alcalde Ospina. Lo que siguió después y aún no termina, es el asedio continuo de los enviados del Cric y de los vándalos que destruyen, bloquean, establecen retenes ilegales, impiden la entrada de alimentos y de combustibles y siembran la discordia, germen indudable de las confrontaciones que han tenido lugar.

Y en todos los niveles del Estado la respuesta es la retórica, mientras algunas autoridades apenas disimulan su complacencia con quienes siembran el caos. Pero éstos ejecutan sus acciones en sitios estratégicos para provocar la reacción, aprovechando la ausencia de autoridad en las calles y vías de la capital vallecaucana. Y algunos funcionarios delegados del Gobierno Municipal se atreven a firmar acuerdos para permitir el bloqueo del oeste al antojo de los indígenas y sin responder por su renuncia a sus deberes en defensa de la constitución y de la sociedad que juraron proteger.

Cali no puede seguir en el desgobierno que golpea a millones de personas ni en la palabrería con la cual sus gobernantes justifican el caos y la extorsión con la que los violentos tratan de someter a la sociedad caleña. Doce días en medio de bloqueos y sin que se tomen las decisiones para evitar la confrontación producen un vacío de autoridad y conlleva una invitación a la anarquía.

Es el momento de aplicar como debe ser los principios y las herramientas consagradas en la Constitución Nacional para mantener el orden, proteger la vida y evitar la confrontación de la sociedad, algo que parecen buscar algunos funcionarios. Que quienes tienen a su cargo la conducción del Estado ejerzan los deberes que les ordena la ley para detener lo que está sucediendo en Cali, algo que pudo evitarse si aquí se hubiera actuado como corresponde.