Buenaventura ha sido por años epicentro de actividades criminales, escenario de guerras territoriales y sus habitantes han padecido todas las formas de violencia imaginables. Es el resultado de la incapacidad del Estado para solucionar los graves problemas de la ciudad así como para brindar las oportunidades que generen progreso, como lo demanda su población.

En ese abandono está el origen de las bandas delincuenciales que se dedican a extorsionar, trabajan para las mafias, ajustan cuentas, aterrorizan a los ciudadanos e imponen fronteras en las que se cobra con la vida a quienes se atreven a traspasarlas. Esa misma ausencia estatal abrió las puertas a las organizaciones criminales, el narcotráfico, la guerrilla o las disidencias, que atacan sin discriminación y reclutan jóvenes que no encuentran salida distinta a sus problemas que unirse a los grupos violentos.

Por ello el reclamo reiterado de los bonaverenses incluye soluciones que permitan su desarrollo, inversiones en educación y salud, así como la creación de más fuentes de empleo que garanticen el sustento de las familias y de paso alejen a las nuevas generaciones de esa espiral del crimen. Sobre todo, piden protección y que se les devuelva la tranquilidad perdida hace tanto tiempo.

Frente a esa radiografía, cobra sentido que Buenaventura sea hoy la sede de dos procesos de diálogo, uno con los grupos delincuenciales que son el azote de las comunidades y otro con organizaciones armadas al margen de la ley que se han aprovechado de la ausencia e indiferencia estatal para imponer el terror, ejercer el control y manejar a su antojo sus negocios ilícitos. Hay incertidumbre sobre los resultados de esas conversaciones y si existe una disposición real de esos grupos para dejar sus actividades, deponer las armas y cesar las acciones brutales contra la población.

Se trata de dos causas diferentes. Una de ellas involucra a las bandas Los Shottas y Los Espartanos, enfrentadas entre sí, que tienen varios jefes y miles de integrantes que se disputan territorios y negocios como el de la extorsión o el microtráfico. Con esas agrupaciones a las que se atribuye la mayoría de homicidios en el casco urbano, las autoridades, con el acompañamiento del Obispo de Buenaventura, iniciaron hace meses conversaciones que llevaron a una tregua aún vigente, que dio pie a instalar el 7 de diciembre una mesa oficial de diálogos en el marco de la paz total del Gobierno Nacional.

Es diferente a la llamada ‘submesa suroccidente’, oficializada el 13 de diciembre y en la que participan organizaciones criminales que operan en el Valle del Cauca como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc, exparamilitares e integrantes del Eln que no están representados en los diálogos iniciados en Caracas. Su objetivo sería convertirse en ‘gestores de paz’, esa sombrilla amplia y etérea de la paz total, bajo la cual escamparían los más disímiles transgresores de la ley.

Buenaventura se merece no ser más el blanco de ataques de los violentos y encontrar la tranquilidad que reclama con razón su comunidad. Ojalá ese sea el resultado de las negociaciones que apenas inician. La paz, sin embargo, no será duradera si a la par con esas negociaciones no se le cumplen a Buenaventura los compromisos estatales tantas veces postergados y se brinda a su gente las oportunidades que aseguren el progreso a futuro.