El chanul, el árbol inmenso que crece en el litoral del Valle y Cauca, apetecido porque su madera es tan fina que no deja traspasar la humedad, tiene dictada la sentencia de muerte. ¿El responsable? El negocio ilegal de la madera, verdugo de los bosques del Pacífico colombiano.

Lo que ha encontrado la Dirección de Carabineros y Cuidado del Medio Ambiente de la Policía Nacional en una investigación realizada durante tres años con la Armada Nacional, es que el chanul junto a especies como el chaguaré o el sande, que crecen a orillas del San Juan y en el Naya, están en peligro de extinción. Y la culpa la tiene la depredación humana que encontró en esos árboles un tráfico tan ilícito como rentable.

Del árbol que de forma eventual cortaba un lugareño para construir su rancho o hacer el puente que facilitaría su paso a través del río, se pasó a tumbar a diario tres hectáreas, cada una con un promedio de mil árboles. El negocio es redondo: al que corta le pagan por cada árbol $30.000, cuando sale de los aserraderos de Buenaventura se cobran $400.000, si se comercializa en Bogotá se reciben $2.000.000 y si se exporta el valor llega a $6.000.000.

Detrás, como pasa con la mayoría de los negocios ilegales que tienen en los recursos naturales colombianos su mayor fuente de ingresos, están organizaciones delincuenciales como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc. Ellas facilitan la tala, el paso por los ríos de lo que llaman el ‘chorizo’, los troncos de los árboles amarrados uno detrás del otro formando filas de hasta tres kilómetros de largo, y que lleguen a puerto seguro en los aserradores donde en muchos casos los camuflan con la madera legal, la que tiene permiso de explotarse.

Las dudas surgen: ¿Cómo se transporta esa madera, visible desde donde se le mire, y las autoridades no actúan? Ahí surge el otro mal que afecta a Colombia, la corrupción que permite falsificar documentos, entregar sobornos y hacerse el de la vista gorda. Lo que encontró la Policía es que la mayoría de las veces se presentan permisos adulterados cuando se hace el requerimiento. Y que la Justicia tampoco ayuda porque a quienes se captura los dejan libres con solo una multa porque “no representan peligro para la sociedad”. Así ha pasado con 154 de los 395 capturados este año por comercio ilegal de madera.

Imposible entonces frenar el arboricidio. Desde el 2015 van 3,4 millones de chanules talados, que no tienen remplazo porque necesitan 50 años para crecer y alcanzar sus 40 metros de altura y 70 centímetros de ancho. Además de esa pérdida irreparable, especies de micos, ranas, ardillas, aves y reptiles se quedan sin su hábitat natural y comienzan a morir con él. Y de paso, por cada hectárea que se tala se dejan de producir 130 toneladas de oxígeno y de atrapar otro tanto de carbono, por lo que la incidencia en el cambio climático es directa.

Hay que reconocer las acciones que ahora adelantan las autoridades y compromisos regionales como los firmados entre las entidades ambientales de Cauca y Valle con madereros legales para que no reciban la madera de contrabando. Pero no es suficiente mientras se siga permitiendo que caigan tres mil gigantes cada día en el Pacífico y con ellos cientos de animales que pierden su hogar. Así es como Colombia pierde su patrimonio más preciado.