Cali necesita modernizar su sistema de alumbrado público. Pocas discusiones existen sobre esa necesidad. La ciudad cuenta con uno de los parques lumínicos más grandes del país y buena parte de su infraestructura requiere renovación tecnológica para ofrecer mayor eficiencia, seguridad y menores costos de operación. Sin embargo, una cosa es compartir el objetivo y otra muy distinta es aceptar que un proyecto de esta dimensión avance sin despejar todas las dudas que hoy existen.
La iniciativa contempla la modernización de 101.037 luminarias con tecnología LED, la instalación de 3945 nuevas luminarias y la incorporación de sistemas de telegestión que permitan monitorear en tiempo real el funcionamiento del alumbrado público, detectar fallas y optimizar el mantenimiento del sistema. Cali cuenta actualmente con 186.359 luminarias, el segundo parque lumínico más grande del país, después de Bogotá.
Para ejecutar este proyecto, cuya inversión estimada asciende a $450.000 millones, Emcali decidió estructurar un proceso para seleccionar un aliado estratégico que financie la modernización, asuma parte de los riesgos del proyecto y recupere su inversión con recursos provenientes del impuesto de alumbrado público, bajo las condiciones definidas por la regulación nacional.
Para lograrlo, la empresa busca vincular un aliado estratégico que aporte recursos para ejecutar las inversiones requeridas y participe en la operación del sistema durante un período de 20 años. Es precisamente ese alcance, el tiempo del contrato y el monto de los recursos comprometidos los que han despertado inquietudes entre concejales y distintos sectores de la ciudad, que reclaman mayores explicaciones antes de que el proceso de selección siga su curso.
Las expectativas planteadas en el Concejo de Cali no pueden despacharse como simples obstáculos políticos. Por el contrario, hacen parte del control institucional que debe existir cuando una ciudad está a punto de tomar una decisión de semejante trascendencia. Preguntas sobre el alcance del contrato, la forma de remuneración, las inversiones, los riesgos, el papel de Emcali y las garantías para el patrimonio público merecen respuestas completas y verificables.
La Administración ha insistido en que el proyecto no representa una privatización del servicio y que, a diferencia de otros modelos, la alianza contempla no solo la operación sino también importantes inversiones en la infraestructura. Si esas diferencias existen y son tan significativas como se ha explicado, deben exponerse con absoluta claridad ante los concejales y la ciudadanía. En un proyecto de esta magnitud no basta con tener la razón; también es indispensable demostrarla.
La historia reciente de Cali obliga a actuar con prudencia. El recuerdo de Megaproyectos sigue siendo un referente inevitable cada vez que se propone una iniciativa de largo plazo con importantes compromisos financieros. Aquella experiencia dejó lecciones sobre la necesidad de construir consensos, garantizar información suficiente y evitar decisiones apresuradas que, años después, terminen generando cuestionamientos jurídicos, financieros o políticos.
Por eso, aplazar el proceso de licitación, si es necesario para resolver las inquietudes existentes, no debe entenderse como un retroceso. Todo lo contrario. Unas semanas adicionales para fortalecer la confianza pública resultan insignificantes frente a un contrato que regirá durante dos décadas. La velocidad nunca puede imponerse sobre la transparencia y así lo dijo el gerente de Emcali, Roger Mina, en entrevista con El País al aclarar que hasta el 15 de julio se recibieron las propuestas de las empresas interesadas y que es por estos días en los que se están analizando.
El alcalde Alejandro Eder, la gerencia de Emcali y los responsables del proyecto tienen hoy una oportunidad para convertir este debate en un ejemplo de gobierno abierto. Más que defender la iniciativa, les corresponde abrir todos los espacios necesarios para explicar sus alcances, responder cada observación y permitir que los organismos de control, el Concejo y la ciudadanía conozcan con detalle cada uno de sus componentes.
La discusión tampoco puede reducirse a una confrontación entre quienes respaldan el proyecto y quienes lo cuestionan. Las observaciones de los concejales, de los gremios, de los expertos y de la ciudadanía enriquecen el debate y permiten identificar riesgos que, atendidos a tiempo, pueden fortalecer la iniciativa. Los grandes proyectos de ciudad no se consolidan imponiendo mayorías, sino construyendo confianza alrededor de sus beneficios.
Al final, el verdadero éxito de esta alianza no dependerá únicamente de la calidad de las luminarias que se instalen o de los indicadores de eficiencia energética que se alcancen. También se medirá por la legitimidad con la que nazca el proceso. Un contrato de veinte años que inicia con dudas difícilmente podrá desarrollar todo su potencial.
Si, como sostiene la Administración, esta alianza representa la mejor alternativa para modernizar el alumbrado público y fortalecer a Emcali, no debería existir temor alguno frente al escrutinio público. Al contrario, la transparencia será su principal respaldo. Cali necesita nuevas luminarias, pero también necesita confianza.