Además de una prerrogativa del presidente de la República como su comandante en jefe, el relevo en la cúpula de las Fuerzas Militares es una costumbre que no tiene por qué causar alarmas. Otra cosa es el cambio que se le aplicó a la Policía Nacional, donde las decisiones fueron precedidas por declaraciones y actuaciones que preocupan y por sus implicaciones deben ser explicadas a los colombianos.

Es claro que la decisión del presidente Gustavo Petro y su Ministro de Defensa está dentro de sus fueros constitucionales. Pero el nombramiento de su nuevo comandante de la Policía obliga el retiro de 23 Generales, muchos de ellos con funciones cruciales para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Son profesionales de treinta y más años de servicio que conocen la realidad colombiana, que tienen una trayectoria en el manejo de la seguridad y en el combate a la delincuencia, en especial al narcotráfico, y son reconocidos en el concierto internacional.

Y no se trata en ningún momento de desconocer las calidades y condiciones de quienes han sido designados para asumir la conducción de la Policía. El asunto es que, en la práctica, el retiro de ese gran número de generales implica un corte sin duda abrupto en el manejo de una organización con ciento veinte mil personas a su cargo, la conducción de factores como la inteligencia, la lucha contra las organizaciones criminales y el mantenimiento de la seguridad ciudadana en un país en el cual la violencia cotidiana amenaza a los ciudadanos.

Es conocida la intención del presidente Petro de darle un vuelco a la Policía para priorizar lo que él ha llamado una “seguridad humana” y lo que han sido sus posiciones ante el Esmad y la respuesta policial a los desmanes y asonadas, así como su énfasis en los Derechos Humanos. La pregunta es si su experiencia al frente de la alcaldía de Bogotá le ha sido suficiente como para deshacerse de un tajo de 23 generales, o si tiene el sustento necesario para acusarlos de actos y hechos que pongan en duda su lealtad o transparencia en el ejercicio de sus funciones, como ocurrió en ocasiones anteriores.

También se sabe de su intención de trasladar la Policía del Ministerio de Defensa a uno nuevo, todo lo cual deberá ser aprobado por el Congreso de la república. Además, es conocida la posición del nuevo Ministro de Defensa frente a la Policía, expresada por él en múltiples documentos y consignada en medios de comunicación. Pero no es difícil anticipar el efecto que tendrá esa barrida en la organización estatal que siempre ha estado más cerca de los colombianos y la que ha entregado resultados importantes en la lucha contra la delincuencia.

El presidente ha hecho uso de sus atribuciones constitucionales para modificar la dirección de los organismos militares y de policía a la vez que ha anunciado los cambios institucionales que están por venir en materia de seguridad. Es de esperar que esos cambios no se hayan inspirado en razones políticas y se traduzcan en mejoras y beneficios para la ciudadanía y en resultados positivos en el combate a la delincuencia, uno de los grandes retos de su gobierno.