Con frecuencia se informa sobre inundaciones y crecientes de ríos de menor tamaño que aunque no alcanzan a configurar un desastre que deja importantes números de víctimas, sí causan grandes daños y perjuicios a quienes viven en sus zonas de influencia. Pero también se desnuda la falta de decisiones para mantener un sistema de prevención y atención que desde los gobiernos locales y regionales pueda atender los eventos que afectan a millones de colombianos en las cabeceras de municipios pequeños y en el campo.

El Valle es un ejemplo de lo que está sucediendo: según informaciones recientes, ocho municipios del departamento han padecido crecientes súbitas e inundaciones en los últimos días. Son ellos El Cairo, Cartago, Sevilla, Bolívar, Toro, Dagua, Buenaventura y Florida. Además, el norte del Cauca presenta inundaciones y desbordamientos que golpean a los habitantes de las zonas rurales en Corinto y Miranda, dejando daños de importancia para viviendas y carreteras fundamentales para la movilización de sus habitantes.

En esos municipios existen oficinas que se suponen de prevención y atención a los desastres naturales. La verdad, son oficinas dedicadas a dar avisos sobre las amenazas de la naturaleza, que cuentan con muy poco presupuesto y capacidad mínima para atender lo que para las capitales de los departamentos son pequeños eventos pero para quienes son damnificados se convierten en verdaderas tragedias que además de dejar heridos y llevar la pobreza, los aísla y los deja en malas condiciones de supervivencia.

En teoría, Colombia tiene una amplia legislación sobre prevención y atención de desastres, la que debería obligar a los municipios a tener organizaciones locales con presupuestos y recursos mínimos para atender las situaciones que afectan a sus habitantes. Así mismo, existe un organismo nacional encargado de mantener esa red y de suministrar el auxilio que se requiere en las grandes emergencias que por razones naturales se presentan en el territorio nacional.

Pero los fenómenos relativamente pequeños para el país como los descritos arriba son prueba de que el sistema no funciona como debe ser y los gobiernos municipales no cumplen con deberes como destinar partidas para mantener la posibilidad de anticipar y atender las emergencias, debido a la precariedad de sus presupuestos. Como consecuencia, las pérdidas y los perjuicios que podrían resolverse si existiera esa red se convierten también en estímulos silenciosos al desplazamiento de colombianos hacia las grandes ciudades en busca de protección.

Esa es la consecuencia de tener un país con una alta concentración de recursos, mientras la inmensa mayoría del territorio está desprotegida y campesinos o habitantes de veredas y pueblos siguen expuestos a las amenazas de la naturaleza. Aunque por fortuna, el fenómeno de La Niña no tuvo las dimensiones que se anunciaron hace seis meses, el aumento de las lluvias causó daños y dramas a miles de familias que pudieran ser atendidos con rapidez si existiera una verdadera red nacional de atención y prevención de desastres.