Cuánto más tiene que suceder en Cali para que las autoridades tomen las decisiones que detengan el macabro negocio y la amenaza en la que se han convertido las ambulancias privadas. Y para acabar con el carrusel de corrupción que mueve los hilos de un servicio que debería ser público.

Ayer, dos de esos peligrosos vehículos se estrellaron en su mortal competencia tras un accidente; un muerto, cuatro personas heridas, y las autoridades sin poder detener lo que es una tragedia diaria en la capital vallecaucana. Desde el 2020 se han presentado 187 siniestros protagonizados por esos vehículos, 26 de ellos entre enero y mayo de este año. Hay casos letales como el ocurrido ayer en el barrio El Lido o el de la ambulancia que atropelló y mató a un peatón en la vía exclusiva del MÍO. Días atrás otra se metió en contravía por la Avenida Circunvalar y embistió a dos motociclistas.

Como lo publicó El País en su edición del domingo, detrás de esos siniestros existe una especie de ‘guerra del centavo’. Lejos de cumplir con la función de brindar primeros auxilios y trasladar a los enfermos, a quienes sufren accidentes o a los ciudadanos que requieren un servicio de urgencia, lo que está demostrado es el montaje de una industria que nada tiene qué ver con la salud de los pacientes sino con una espiral de dineros y contratos inmorales que promueven algunas clínicas para enriquecerse con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.

Como lo cuentan en sus testimonios conductores y paramédicos, en ciertos centros de salud les pagan entre $250.000 y $400.000 por cada accidentado que remitan. Por ello no importa que el siniestro ocurra al otro lado de la ciudad o que en el camino haya una clínica cercana y tienen infiltrados en la Línea 123 que les informan dónde ocurre un accidente con lesionados; por ello corren desbocados por las calles desconociendo las normas de tránsito, invaden los carriles del MÍO, van a 95 kilómetros por hora dentro de la ciudad.

Son pues una amenaza pública y foco de corrupción y del caos en el tránsito caleño en el que participan ambulancias y clínicas. Frente a ello hay qué preguntar para qué sirven las autoridades, del municipio, el llamado a poner orden. Son muchas las resoluciones y normas nacionales y locales, como el Sistema Regulador de Emergencias. Todas ellas son burladas y en muchas ocasiones fuente de enriquecimiento de quienes deben controlar el servicio y se siguen expidiendo licencias y permisos, exigiendo requisitos que nadie acata, imponiendo multas que no se pagan.

Así, las ambulancias se transformaron en motivo de discordia y de tragedia, mientras las autoridades se pasan la pelota unas a otras para evadir su responsabilidad. Pero el tenebroso negocio continúa su marcha, la impunidad favorece a los autores del fraude al Soat y los propietarios de esas ambulancias siguen enriqueciéndose. Y el gobierno municipal pretende resolver ese peligro emitiendo reglamentaciones, como si con ello resolviera el problema.

Cali no puede seguir a merced de las ambulancias de la muerte y de las tragedias y el desorden que causan.