Faltan apenas unas semanas para que termine la oportunidad de traslado pensional, una ventana que abrió la Ley 2381 (reforma pensional), la cual permite que los colombianos se cambien de régimen, si lo consideran oportuno.

Esto tiene una gran importancia porque podría significar, en muchos casos, una mejor mesada o una jubilación anticipada. De ahí, el llamado que han hecho los mismos fondos privados de pensiones y el Gobierno para que los afiliados tomen en serio este tema.

Pese a esto, solo el 10 % de los afiliados al sistema pensional se han informado y se han cambiado de administradora, cuando los posibles beneficiados son muchos más.

Esta es una oportunidad excepcional, con condiciones claras, que probablemente no se repetirá en el corto plazo, y que llega a su fin el próximo 16 de julio, por lo que queda poco tiempo.

Las administradoras de fondos de pensiones y Colpensiones han hecho la tarea de llamar a los colombianos a revisar la historia laboral, las semanas cotizadas y solicitar la doble asesoría para que tomen decisiones informadas . No hay que olvidar que obtener una pensión en Colombia es casi un lujo, pues solo el 30 % de los adultos mayores logran una mesada.

De ahí, los cambios que se hicieron en la Ley 2381, que busca que más colombianos accedan a una prestación económica en su vejez, y aunque esta norma no es perfecta, avanza hacia ese objetivo de que la mayoría de adultos mayores reciban un ingreso, luego de su retiro laboral.

El llamado no es solo para los colombianos para que tomen en serio su futuro en materia de coberturas para la vejez, también es para la Corte Constitucional que lleva ya dos años sin pronunciarse sobre la exequibilidad de la reforma, un silencio que ha generado una incertidumbre que recae directamente sobre los afiliados y las empresas.

Mientras la Corte sigue sin decidir, persisten debates sin resolver, como qué pasa con los ahorros de quienes se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones, un asunto que sigue en el limbo y que generó gran polémica entre las administradoras y el Gobierno Nacional y que obligó a las cortes a pronunciarse.

Si la ley estuviera vigente, ya no habría estas preocupaciones porque regiría lo que dice la norma. Esta demora no es un detalle técnico, es un obstáculo real para que los colombianos puedan planear su futuro con tranquilidad. Un sistema pensional no puede operar de manera sostenida bajo la sombra permanente de una decisión judicial pendiente.

La Corte tiene en sus manos la responsabilidad de despejar ese panorama, y entre más tiempo pase, más se acumulan las dudas, los traslados hechos en la incertidumbre y los vacíos normativos que afectan a quienes menos herramientas tienen para navegarlos.

La invitación es doble: que cada colombiano revise su situación pensional antes de que cierre la ventana de traslado de régimen, y que la Corte Constitucional asuma con la urgencia que el país necesita la definición de un marco que lleva demasiado tiempo en pausa.