La desinformación no es un fenómeno marginal ni casual; es una corriente constante que atraviesa el debate público y encuentra en la ciudadanía a su principal víctima. Así lo advierten voces autorizadas del ecosistema mediático, que insisten en una idea central: más que los medios de comunicación, quienes enfrentan mayor vulnerabilidad son las audiencias, expuestas a estrategias cada vez más sofisticadas para manipular percepciones, emociones y decisiones.
En ese escenario, el periodismo no puede permitirse ambigüedades. Su papel no es competir en velocidad con las redes sociales, sino diferenciarse de ellas. La verificación rigurosa, la pluralidad de fuentes y la transparencia editorial son principios esenciales para sostener la credibilidad. Cuando estos pilares se debilitan, se afecta la calidad de la información, pero en primer lugar se erosiona el principal activo de cualquier medio: la confianza pública.
No es circunstancial que los picos de desinformación coincidan con momentos de alta sensibilidad social. Los procesos electorales —y Colombia se aproxima a uno de los más decisivos de su historia reciente—, los debates políticos y temas como la salud, entre muchos que hoy afectan a la nación, se convierten en terreno fértil para la manipulación informativa. Allí, donde las emociones se imponen sobre los hechos, proliferan narrativas diseñadas para influir, polarizar o confundir.
La tecnología ha amplificado este fenómeno a escalas sin precedentes, acelerando la circulación de contenidos y reduciendo los tiempos de reflexión. Pero esa herramienta no es solo un canal pasivo. La inteligencia artificial se ha convertido en fuente activa de desinformación: deepfakes, contenidos sintéticos, perfiles automatizados que replican narrativas falsas a una escala que desborda la capacidad de respuesta tradicional. Pero la IA también ofrece métodos de verificación que facilitan el trabajo periodístico. Sin embargo, la responsabilidad primera sigue siendo de las personas. La rigurosidad no puede automatizarse.
Verificar antes de publicar, contrastar versiones y abstenerse cuando persisten dudas siguen siendo herramientas actuales para resistir la presión de la inmediatez. Principios que, vale anotarlo, coinciden con los estándares que marcos regulatorios como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y su Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación han recogido como obligaciones mínimas para el ecosistema informativo global. La regulación no es el enemigo de la libertad de prensa; bien diseñada, es su respaldo institucional.
El problema tampoco recae exclusivamente en los medios. Las grandes plataformas digitales —Meta, Google, TikTok, X— son actores centrales en la propagación de contenidos falsos y su responsabilidad no puede seguir siendo eludida detrás de la neutralidad tecnológica. La desinformación prospera además en los entornos cotidianos, donde familiares, amigos o influenciadores replican contenidos sin cuestionarlos. La credibilidad se transfiere por cercanía o afinidad, lo que facilita que información falsa sea aceptada como cierta, con consecuencias que inciden en decisiones personales, políticas e incluso económicas.
El ecosistema informativo actual es más amplio y diverso que nunca. Junto a los medios tradicionales conviven proyectos comunicativos con agendas ideológicas, militantes o que responden a intereses particulares, que no siempre se presentan con claridad ante sus audiencias. Esa falta de transparencia contribuye a la confusión y refuerza la necesidad de distinguir entre información y opinión, entre periodismo y activismo.
Junto al rigor periodístico, hay otra respuesta estructural que no puede postergarse: la alfabetización mediática. Formar a los ciudadanos para que identifiquen fuentes confiables, reconozcan sesgos y cuestionen lo que consumen es tan urgente como cualquier esfuerzo de verificación. Una audiencia crítica es el mejor antídoto contra la desinformación, y esa formación es responsabilidad compartida entre el Estado, los medios y el sistema educativo.
A pesar de los desafíos, sería injusto desconocer el esfuerzo de buena parte del periodismo colombiano por adaptarse a un entorno cambiante sin renunciar a su misión. La sostenibilidad económica, la presión de lo digital y la polarización social han impuesto retos considerables, pero también han obligado a elevar los estándares y a reafirmar el compromiso con la verdad.
El periódico El País es consciente de esa responsabilidad y hoy trabaja con mayor ahínco para cumplir a cabalidad con esos propósitos. La desinformación, en últimas, no se combate únicamente con tecnología ni con regulaciones, pero tampoco sin ellas. Se enfrenta, sobre todo, con rigor, ética y responsabilidad compartida: de los medios, de las plataformas, de los ciudadanos y de las instituciones.
En tiempos de ruido y velocidad, el periodismo está llamado a hacer precisamente lo contrario: verificar, contextualizar y explicar. Esa sigue siendo, hoy más que nunca, su razón de ser.