Las decisiones de los jueces se acatan, no se discuten en las plazas ni se combaten desde el poder. Sin embargo, en distintas latitudes, los titulares del Poder Ejecutivo han comenzado a tratar con creciente irrespeto los fallos de la Justicia. El fenómeno es preocupante, pues cuando el gobernante de turno se siente con autoridad para desafiar a los tribunales, lo que está en juego no es su capricho, sino la arquitectura entera del Estado de derecho.
El ejemplo más reciente es el de España. El poder judicial ha venido investigando el entorno del gobierno que preside Pedro Sánchez por presuntos hechos de corrupción. Ahora lo que se usa es poner la maquinaria de un partido al servicio del hostigamiento de quienes administran justicia. Pedro Sánchez acaba de denunciar un supuesto trato desigual de la justicia hacia el Psoe. Es la vieja historia: quien se ve acorralado por la ley, prefiere atacar al juez antes que responder por sus actos.
Otro caso muy sonado es el de los Estados Unidos. Con suma frecuencia, el presidente Donald Trump encabeza protestas públicas contra las decisiones judiciales que contrarían sus designios. Una jueza federal de Virginia, frenó la pretensión del Gobierno de Trump de crear un fondo cercano a los 1700 millones de dólares para compensar a quienes alegan haber sido perseguidos injustamente por administraciones anteriores.
Una vez más, los jueces le recordaron al poderoso que en el ADN de la república norteamericana está incrustada la creencia de que nadie está por encima de la ley.
Y no hay que mirar lejos. En Colombia, desacatar las decisiones de la Justicia se ha vuelto pauta de gobierno. La lista de episodios es larga y desalentadora. Y hace apenas unos días, un tribunal debió remitir a la Comisión de Acusación una solicitud de desacato contra el propio presidente Petro, por haber persistido en sus denuncias de fraude electoral pese a una orden judicial que se lo prohibía. El patrón es inconfundible: quien juró defender la Constitución de 1991 al posesionarse difícilmente puede ahora tratar los fallos de la justicia como obstáculos que se sortean a voluntad.
En todos estos casos, de uno y otro hemisferio, la víctima silenciosa es la misma: la noción clásica de la independencia judicial. El gobernante que combate al juez en lugar de acatarlo no defiende ningún principio noble; defiende su orgullo y su conveniencia, ciertamente a expensas de sus gobernados. Los jueces no son infalibles, pero el remedio a sus errores está previsto en los mecanismos del propio ordenamiento, no en la presión callejera ni en la diatriba presidencial.
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Posdata. Resulta increíble que en Colombia una acción de tutela se haya ocupado de la queja de un ciudadano contra el uso de la camiseta de la Selección Colombia. Un juzgado penal de Bogotá ordenó al candidato Abelardo de la Espriella abstenerse de usar la prenda en su campaña, mientras se resuelve la tutela de un ciudadano sin oficio, que dice sentirse discriminado. Existiendo miles de solicitudes ciudadanas que claman por una justicia pronta, no es posible que los despachos se ocupen de semejantes nimiedades. La tutela fue concebida para proteger derechos fundamentales; emplearla en estas pequeñeces solo contribuye al desgaste de una herramienta que debería ser respetada por los propios ciudadanos.